El Gobierno Nacional anunció que eliminarán el Control de Precios al arroz de primera, y que la compensación de B/.7.50 a arroceros se pagará solo hasta el 30 de abril. A partir de esa fecha desaparece este incentivo.
Moltó agregó que no es justo que los consumidores deban comprar un arroz de mala calidad y el Gobierno gastando el dinero en un subsidio de algo que realmente no existe, y no se está vendiendo.
el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, anunció el fin de la compensación que asume el Estado con el productor, de B/.7.50 por quintal de arroz húmedo y sucio, a partir del 30 de abril del año 2025, cuando concluye el ciclo agrícola.
“Exhortamos a los productores y dueños de molinos a que se pongan de acuerdo en un precio justo para las partes, teniendo claro que el Gobierno será enérgico y no permitirá ninguna distorsión del mercado que vaya contra el primer alimento del panameño”, advirtió el ministro.
El decreto que termina con este subsidio será elaborado esta semana, informó el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.
El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, dijo por su parte que el Estado garantizará que el arroz de primera llegue al pueblo a través de las ferias libres.
Rol de la Asamblea
El Gabinete autorizó enviar a consideración de la Asamblea Nacional proyectos de ley que regulan convenios en temas de extradición e intercambio de asistencia legal en materia penal con Francia; así como un tercer proyecto sobre un tratado de asistencia legal mutua en materia penal con Suiza.
En Consejo de Gabinete, se autorizó al Ministerio de Relaciones Exteriores enviar a consideración de la Asamblea Nacional tres proyectos de cooperación, con Francia y Suiza, en materia de seguridad.
Convenio
Uno es el proyecto de ley 20-24, por la cual se aprueba el Convenio de Extradición entre el Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de la República Francesa, hecho en Panamá el 11 de julio de 2023.
El convenio compromete a ambos países a entregarse recíprocamente a toda persona dentro de sus territorios que sea sujeto de detención preventiva o esté buscada para cumplir una medida de privación de libertad, tras ser condenada por un caso penal que implique al menos dos años de prisión.
Se podrá negar la extradición si la parte requerida considera que se trata de delitos políticos, o si el delito se castigue con pena de muerte u otra pena contraria al orden público de la parte requerida.
También se aprobó enviar a la Asamblea Nacional el proyecto de ley 21-24, por la cual se aprueba el Convenio sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal entre el Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de la República Francesa, hecho en Panamá el 11 de julio de 2023.
Este convenio compromete a las partes a brindarse mutuamente asistencia legal en todo procedimiento relativo a delitos penales, cuya sanción sea competencia de las autoridades judiciales de la parte requirente en el momento de solicitar la asistencia.
Asimismo, las partes podrán prestarse asistencia legal mutua cuando el hecho por el que se procede no constituya delito en la parte requerida y cuando ello no esté prohibido en su legislación.
Adicionalmente, se autorizó enviar al Legislativo el proyecto de ley 22-24, por la cual se aprueba el Tratado de Asistencia Legal Mutua en Materia Penal entre la República de Panamá y la Confederación Suiza, hecho en Panamá el día 3 de marzo de 2023.
Aparte del compromiso de prestación mutua de asistencia legal en materia penal, el tratado contempla la cooperación en materia de repatriación de fondos aprehendidos procedentes de delitos.