El exfiscal de Ambiente y consultor legal ambiental, , afirmó que la auditoría integral realizada a la mina de Donoso constituye un insumo técnico, pero advirtió que por sí sola no tiene la capacidad jurídica para sustentar una eventual reactivación del proyecto minero.
Auditoría debe evaluarse dentro del marco legal
El abogado señaló que el informe entregado por la empresa SGS debe ser analizado por las autoridades para determinar su eficacia y conducencia jurídica, pero consideró que no reemplaza una auditoría ambiental obligatoria contemplada en el Decreto Ejecutivo 57 de 2004.
A su juicio, el Gobierno debería exigir una auditoría ambiental obligatoria basada en los incumplimientos y daños ambientales detectados, además de un programa de adecuación y manejo ambiental que establezca las medidas de mitigación, compensación y restauración.
Advierte sobre riesgos legales
Olmos sostuvo que una eventual reapertura de la mina sin cumplir esos requisitos podría dar paso a nuevas demandas de inconstitucionalidad o procesos ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
También recordó que la Ley 407 mantiene una moratoria para nuevas concesiones mineras, por lo que cualquier alternativa deberá analizarse junto con la Constitución, el Código de Recursos Minerales, la Ley de Derechos de la Naturaleza, el Acuerdo de Escazú y el fallo de la Corte Suprema.
"No se puede separar la actividad minera de la legalidad ambiental"
El exfiscal reconoció que el Estado tiene la facultad constitucional de administrar los recursos minerales del país, incluso mediante contratos o asociaciones, pero insistió en que esa potestad está condicionada al cumplimiento de la normativa ambiental.
Finalmente, consideró que el Ejecutivo ha actuado con cautela y estimó que cualquier decisión sobre el futuro de la mina deberá sustentarse en un marco legal sólido para evitar nuevos conflictos judiciales.