En medio de la controversia por el nombramiento del embajador de Panamá en Nicaragua, Augusto "tuto" Palacios, diputado de la coalición Vamos, analizó la situación de los diplomáticos panameños y compartió su opinión sobre el proyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional que busca prohibir a las empresas involucradas en casos de corrupción licitar con el Estado.
Mencionó que la comisión encargada se reúne semanalmente y ha comenzado a aumentar la frecuencia de sus sesiones para acelerar el proceso, y resaltó que la mayoría de los diplomáticos designados tienen formación en relaciones internacionales y han demostrado experiencia en el campo.
Propuesta de reforma legislativa sobre designación de diplomáticos
El diputado destacó la necesidad de legislar sobre la aprobación de los planes de trabajo de estos diplomáticos, ya que, según la ley actual, no se requiere ratificación por parte de la Asamblea Nacional, sino solo la presentación de un plan de trabajo.
Palacios subrayó la importancia de elegir embajadores que puedan representar adecuadamente al país en el extranjero, especialmente en el contexto de relaciones complejas con países vecinos como Nicaragua, país que recientemente el presidente José Raúl Mulino tildó de “dictadura reprochable”.
Desafíos en la lucha contra la corrupción
En otro tema crítico, Palacios se refirió a la reciente iniciativa en la Asamblea Nacional de un proyecto que busca evitar que empresas corruptas obtengan contratos con el Estado. A pesar de que el espíritu de la propuesta fue reconocido por algunos miembros de la comisión, el proyecto fue rechazado en primera instancia.
Palacios enfatizó que esto refleja una incongruencia en la lucha contra la corrupción y manifestó su intención de presentar nuevamente la iniciativa, buscando una discusión más profunda.
Impunidad y justicia selectiva
Palacios cuestionó la percepción de impunidad en Panamá, citando casos como Odebrecht, que continúa licitando con el Estado a pesar de su historial corrupto. Expresó su preocupación por la falta de inhabilitación para empresas condenadas, lo que, a su juicio, socava la justicia y permite que la corrupción persista en el país.
