El doctor en Derecho y fundador del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Candelario Santana, cuestionó duramente el rol de su partido en la Asamblea Nacional, al considerar que se ha alejado de su función como oposición y atraviesa una crisis interna que lo mantiene “quemado gravemente”.
El PRD y “cohabitación” con el gobierno
Santana señaló que el PRD ha optado por cohabitar con el gobierno de José Raúl Mulino y el partido Realizando Metas (RM) para evitar investigaciones y persecuciones judiciales, lo que, según él, profundiza el desgaste del colectivo.
El jurista advirtió que esta cercanía con el oficialismo podría pasarle factura al PRD en las próximas elecciones, en un escenario donde la juventud se proyecta como una fuerza emergente mientras los “dinosaurios” del partido se mantienen en la dirigencia.
Llamado a reformas y a una constituyente
Sobre el funcionamiento interno de la Asamblea, Santana planteó que es necesario reformar el reglamento y la Constitución para evitar retrasos en la instalación de la directiva y la conformación de comisiones legislativas.
Asimismo, consideró indispensable convocar a una constituyente para corregir vicios estructurales del sistema político y acabar con privilegios que persisten tanto en el Legislativo como en otras instituciones estatales.
Críticas a la amnistía y al manejo del país
Santana también rechazó las propuestas de amnistía que beneficiarían a expresidentes y dirigentes sindicales, y sostuvo que el gobierno debe priorizar la recuperación de fondos públicos antes de pedir sacrificios a la población para sanear la Caja de Seguro Social.
Caso Suntracs
Sobre la posible amnistía que se discute en la Asamblea Nacional, Santana rechazó que figuras como Saúl Méndez o Ricardo Martinelli puedan considerarse perseguidos políticos. Explicó que, en el caso de Méndez, no hay una condena firme y por tanto rige la presunción de inocencia, pero aclaró que existen procesos abiertos vinculados al manejo de fondos.
En cuanto a la solicitud de disolución del Suntracs, el jurista señaló que la Constitución establece protección sindical y que solo un juez puede ordenar esa medida, aunque admitió que el gremio ha incursionado en dinámicas ideológicas que se apartan de sus fines originales: mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores.