El diputado Roberto Zúñiga y el exjugador de la Selección de Panamá Roberto Brown alertaron sobre la necesidad de crear una legislación en Panamá para combatir el amaño de partidos, una práctica que, aseguran, pone en riesgo la credibilidad del deporte y la confianza de los aficionados.
Amaño de partidos busca castigar con cárcel el fraude
De acuerdo con los impulsores de la iniciativa, el objetivo principal es preservar los valores fundamentales del deporte, entre ellos el juego limpio, la responsabilidad y la transparencia.
Zúñiga explicó que existe consenso entre diputados de distintas bancadas para convertir la propuesta en un esfuerzo colectivo y no en una iniciativa aislada. Según indicó, se busca integrar aportes tanto de Roberto Brown como de la Liga Panameña de Fútbol para construir una normativa sólida.
Panamá busca seguir ejemplos de otros países de la región
Los promotores de la iniciativa destacaron que varios países de América Latina ya han avanzado en regulaciones relacionadas con el amaño de partidos.
Mencionaron que El Salvador cuenta con una legislación específica sobre esta práctica, mientras que Colombia y Brasil también desarrollan mecanismos legales dentro de sus normativas deportivas.
Además, resaltaron la participación de diputados de diferentes partidos políticos y el trabajo previo de la diputada Brenes, quien ya habría elaborado una hoja de ruta para enfrentar este problema.
Caso de José Calderón reaviva debate sobre posible manipulación en el fútbol
Durante las declaraciones también se hizo referencia al caso del arquero José Calderón, quien fue suspendido provisionalmente por seis meses tras una jugada ocurrida en el partido entre Alianza FC y su equipo en la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol.
Brown aclaró que no está afirmando que exista amaño de partido en este caso, pero sostuvo que la acción generó cuestionamientos debido a que no corresponde a una conducta habitual en un arquero profesional.
El exjugador de la Selección de Panamá también advirtió sobre la importancia de garantizar procesos justos, señalando que, si no se logra demostrar una conducta ilícita, surge la interrogante sobre quién responde por el impacto que una suspensión puede tener en la carrera de un deportista.