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Canal de Panamá sacrificó el tránsito para proveer agua potable a la población

El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, explicó las implicaciones del fallo de la Corte Suprema sobre los límites de la cuenca hidrográfica.

Camila Riaño
Por Camila Riaño
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Las autoridades del Canal de Panamá, abordaron las implicaciones del fallo de la Corte Suprema de Justicia que regresa 120 mil hectáreas a los límites de la cuenca hidrográfica. Recalcando las responsabilidades constitucionales que sostiene el Canal, reiteraron su compromiso socio-ambiental con las poblaciones que se verían impactadas.

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Fallo de la Corte Suprema de Justicia

El Pleno de la corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró, de forma unánime, la inconstitucionalidad de la Ley 20 de 21 de junio de 2006, que deroga la Ley 44 de 1999, por la cual se aprueban los límites de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá.

Tras la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el licenciado Publio Cortés, el fallo de la CSJ de 17 de junio de 2024, regresa 120 hectáreas a los límites de la cuenca. Se declaró inconstitucional al argumentar que el Consejo de Gabinete y la Asamblea Nacional no estaban facultados para derogar la ley. Además, al no contar con una propuesta previa de la Junta Directiva del Canal de Panamá, se estaría obrando en contra del los parámetros que determina la Constitución.

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Impacto social del fallo

En la rueda de prensa que ofrecieron las autoridades del Canal de Panamá, se habló del programa de participación ciudadana que involucra a las poblaciones que se verían afectadas por el fallo de la CSJ.

Ya están desarrollando un plan de reestablecimiento de medios de vida para las personas que viven en la zona. A partir del conocimiento del fallo, la Autoridad del Canal, ha trabajo de cerca en las comunidades, entre ellas Río Indio, que se enfrentarían a un complejo proceso en los próximos años.

"Garantizar una participación informada y considerar las características de cada una de las familias que viven en el área", es la promesa de las autoridades ante la magnitud de la situación social que están tratando.

Responsabilidades constitucionales

El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, aclaró las facultades que poseen como institución para atender a los procesos legislativos que se desprenden del fallo.

"El Canal de Panamá sacrificó el tránsito en aras de proveer agua potable a la población", afirmó Vásquez. De esta manera afirmaron tener las facultades para proceder con lo que respecta al fallo.

Asimismo, destacó que las dos responsabilidades constitucionales que incluyen el abastecimiento del recurso hídrico para el funcionamiento del Canal de Panamá y también el aseguramiento de agua potable para consumo humano de toda la población.

Esto, sumado a los retos que plantea el cambio climático, propone una dificultad mayor para la gestión de las decisiones que resulten del fallo de la CSJ. Sin embargo, fueron claros con el plan que ya tienen en marcha para cumplir con ambos mandatos constitucionales, sin faltar al compromiso socio-ambiental.

Población de Río Indio

Afirman que desde septiembre de 2023 han trabajado con Río Indio. Entre las tareas que han puesto en marcha incluyen el "mejoramiento de acueductos rurales y el fortalecimiento de las comunidades para que ingresen en una dinámica social diferente".

Así, comprometidos con proveer de canales sólidos de comunicación y participación, velarán por los derechos de las poblaciones que se verían afectadas.

"Al recuperar la cuenca, esta incluye lo que hemos llamado la cuenca de la región occidental del Canal que incluye Río Indio", por lo que ya trabajan de la mano de las familias afectadas y con ellos esperan encontrar soluciones personalizadas que verdaderamente reparen el daño y atiendan a sus necesidades.

Inversión y tiempos de entrega

Según afirma el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, el proyecto tendrá un costo estimado de 1.200 millones de dólares base, pero adicional a esta cifra, teniendo en cuenta el factor de sostenibilidad, se podrían sumar otros 400 millones de dólares.

De esta manera, el proyecto duraría en su totalidad unos 6 años, fecha que variaría teniendo en cuenta las numerosas variables que enfrentarán en el proceso.

Puntualmente, de este tiempo, habría una previa de entre 12 y 18 meses, que sería considerado un plazo razonable de conversación con las comunidades para llegar a un consenso y dar inicio en forma con el proyecto.

Con esto en mente, estarían iniciando los trabajos en 2025, luego de sembrar las bases para la mitigación de riesgos.

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