El reciente caso de femicidio ocurrido en el distrito de La Chorrera, ha vuelto a encender las alarmas sobre la importancia de la atención oportuna de las mujeres víctimas de violencia doméstica, por esta razón, el Observatorio Panameño de Lucha Contra la Violencia de Género (OPVG), adscrito a la Defensoría del Pueblo, se pronunció.
"La Defensoría del Pueblo, en ejercicio de sus funciones constitucionales, recabó información sobre el lamentable hecho, constatando que la víctima no recibió una atención adecuada ni fue tomada la denuncia, cuando acudió al Ministerio Público de La Chorrera a presentar una denuncia por violencia doméstica, a pesar de presentar lesiones físicas visibles, lo que constituye una posible negligencia institucional con consecuencias irreparables", señala la entidad.
Hacen llamado a las autoridades
El Observatorio adscrito a la Defensoría insta a las instituciones a "responder con profesionalismo, empatía, sensibilidad, y sentido de urgencia. No podemos permitir que hechos como este se repitan por fallas institucionales".
La entidad recordó que el Estado panameño tiene el deber jurídico y moral de garantizar la vida e integridad de todas las personas, especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad.
La Ley 82 de 2013, adopta medidas de prevención contra la violencia hacia las mujeres y tipifica el femicidio, establece en su artículo 13 que “toda mujer tiene derecho a vivir libre de violencia”, así como sus demás artículos concordantes sobre el deber de las autoridades competentes en casos de violencia hacia las mujeres.
En el plano internacional, la Convención de Belém do Pará, ratificada por Panamá en 1981, establece en sus artículos 7 y 8 la obligación de los Estados de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, así como garantizar el acceso efectivo a mecanismos de protección y justicia.
Frente a estos mandatos, la atención inadecuada o la omisión de funcionarios públicos en casos de violencia contra la mujer constituye no solo una falta administrativa, sino una violación directa a los derechos humanos, y debe ser objeto de una investigación rigurosa.
Este hecho ha llevado a la Defensoría a solicitar a las autoridades competentes que se investigue con celeridad este caso y se determinen las responsabilidades correspondientes a las personas que no atendieron a la hoy occisa, además de fortalecer los protocolos de atención y priorizar la capacitación del personal con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y atención centrada en las víctimas.