NACIONALES Nacionales -  11 de febrero de 2025 - 15:05

Asamblea aprueba ley de uso obligatorio de cámaras corporales en la Policía Nacional

La ley aprobada en la Asamblea busca documentar de manera precisa las acciones policiales y mejorar la interacción entre las unidades y la ciudadanía.

Albis Calderón Sánchez
Por Albis Calderón Sánchez

La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 90, que establece el uso obligatorio de cámaras corporales por parte de la Policía Nacional. Con 49 votos a favor, esta normativa busca proporcionar un marco legal para la implementación de esta tecnología, con el objetivo de documentar de manera precisa las acciones policiales y mejorar la interacción entre las unidades y la ciudadanía.

Cámaras corporales para unidades policiales

El diputado proponente, José Pérez Barboni, señaló que, aunque los efectos de esta medida se verán a largo plazo, contribuirá significativamente a mejorar las diligencias de seguridad al proporcionar evidencia de las acciones desarrolladas por las unidades policiales como parte de las políticas públicas institucionales.

La ley establece que el uso de las cámaras será obligatorio en situaciones como:

  • Mantenimiento y restablecimiento del orden público.
  • Intervención en emergencias.
  • Operaciones de seguridad y vigilancia.
  • Control de tráfico y aplicación de la Ley de Tránsito.
  • Cumplimiento de órdenes judiciales.
  • Mediación y resolución de conflictos.
  • Cualquier situación que implique el uso de la fuerza por parte de los oficiales de policía.
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La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 90, que establece el uso obligatorio de cámaras corporales por parte de la Policía Nacional.

La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 90, que establece el uso obligatorio de cámaras corporales por parte de la Policía Nacional.

Según la normativa, el material videográfico obtenido deberá ser almacenado sin posibilidad de edición o eliminación, garantizando así su integridad. Los oficiales estarán obligados a informar a los ciudadanos que están siendo grabados como parte del procedimiento policial; sin embargo, no se requerirá el consentimiento del individuo para iniciar la grabación. Estos videos podrán ser revisados posteriormente para la elaboración de informes y en la preparación de procedimientos judiciales.

Durante la discusión en el hemiciclo, estuvieron presentes representantes de alto rango de la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), quienes participaron activamente en la formulación y modificación del documento, que ahora será enviado al Ejecutivo para su evaluación correspondiente.

Esta iniciativa representa un avance significativo en la transparencia y rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad, buscando fortalecer la confianza entre la Policía Nacional y la ciudadanía.