La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), realizó su reunión mensual donde se analizó el tema del futuro de las concesiones portuarias. El expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, reconoció que Panamá tiene una gran oportunidad de poder redefinir las condiciones futuras de las concesiones.
Análisis del fallo de la Corte Suprema
En el encuentro también participó el exministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú Porras, quien subrayó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no genera inseguridad jurídica generalizada, sino que establece una hoja de ruta clara para evitar errores en futuras concesiones, fortaleciendo así la confianza en el Estado de Derecho.
Panamá moviliza millones de toneladas de carga, conecta mercados y se ha consolidado como un eje logístico regional. Las decisiones que se adopten en esta etapa incidirán directamente en la percepción de inversionistas, calificadoras de riesgo y operadores globales.
La presidenta de Apede, Giulia De Sanctis, enfatizó que este no es un debate aislado, sino un asunto estructural para el modelo de desarrollo panameño.
“La logística hoy aporta 11.8% del PIB y explica más de una cuarta parte del crecimiento reciente. Panamá es un país cuya economía depende de la confianza. Por eso discutir con altura, con datos y con visión de país es una responsabilidad compartida”, afirmó.
De acuerdo con el más reciente Informe Económico Ejecutivo Mensual de Apede, el sector transporte y logística representa 14.5% del PIB y continúa siendo uno de los motores más dinámicos de la economía. No obstante, el informe también advierte que la economía interna muestra señales mixtas y que la generación de empleo formal sigue siendo un desafío pendiente.
En este contexto, el análisis de las concesiones portuarias adquiere una dimensión estratégica. Durante el panel se recordó que el contrato original, firmado en 1997, respondió a circunstancias muy distintas, cuando la infraestructura portuaria era incipiente. Con el paso del tiempo, se introdujeron modificaciones que, según los expositores, alteraron el esquema inicial y generaron cuestionamientos de la ciudadanía que culminaron en la declaratoria de inconstitucionalidad de la renovación automática.