La crisis entre Estados Unidos y Brasil se agravó el miércoles, con un decreto del presidente Donald Trump que oficializa una subida arancelaria del 50% y sanciones a un juez a cargo del juicio contra el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro.
La fecha tope para negociar es el 1 de agosto, cuando deben entrar en vigor los nuevos gravámenes para decenas de países.
Ese es el día que figuraba en una carta dirigida a principios de julio por Trump a Lula, pero no se menciona en el decreto firmado este miércoles.
"Persecución" contra Bolsonaro
Para Trump, las acciones del gobierno de Lula "constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos", informa la Casa Blanca en un comunicado.
Por consiguiente, anuncia 40 puntos porcentuales (pp) de tarifas aduaneras suplementarias a los bienes brasileños importados, lo que equivale a subirlas al 50%.
Trump se solidariza con Bolsonaro, acusado de intento de golpe de Estado, desde hace meses porque lo considera víctima de una "caza de brujas". Incluso publicó una carta en su plataforma Truth Social, días después de la enviada a Lula, cubriéndolo de elogios y pidiendo un cambio "de rumbo" en el país latinoamericano.
El presidente republicano asegura en el decreto que miembros del gobierno brasileño "han tomado medidas sin precedentes para coaccionar de forma tiránica y arbitraria a empresas estadounidenses para que censuren el discurso político, expulsen a usuarios de sus plataformas, entreguen datos confidenciales de usuarios estadounidenses o modifiquen sus políticas de moderación de contenido".
En el comunicado, la Casa Blanca arremete contra el juez de la corte suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, convertido en la bestia negra de Trump.
Moraes "ha abusado de su autoridad judicial para amenazar, señalar e intimidar a miles de sus oponentes políticos, proteger a aliados corruptos y suprimir la disidencia, a menudo en coordinación con otros funcionarios brasileños, incluidos otros jueces del Tribunal Supremo Federal de Brasil, en detrimento de las empresas estadounidenses", se lee en el texto.
Horas antes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro impuso sanciones económicas a este magistrado, a quien Washington ya había revocado la visa.
Las sanciones se imponen en virtud de una ley estadounidense conocida como Global Magnitsky, que castiga a quienes hayan cometido o estén vinculados a violaciones de los derechos humanos o corrupción en el mundo.
"Se ha tomado la libertad de ser juez y jurado en una caza de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas", afirma el secretario del Tesoro, Scott Bessent, citado en un comunicado.
Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones de Moraes que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aumentó la presión en otro comunicado.
"Estados Unidos utilizará todos los instrumentos diplomáticos, políticos y legales apropiados y eficaces para proteger la libertad de expresión de los estadounidenses de actores extranjeros maliciosos que intenten socavarla", advirtió.
"Ataque a la soberanía"
El gobierno brasileño reaccionó indignado.
"La aplicación arbitraria e injustificable, por parte de los Estados Unidos, de las sanciones económicas (...) contra un miembro de la magistratura nacional, constituye un grave e inaceptable ataque a la soberanía de nuestro país", afirmó el jefe de la agencia para la defensa legal del Estado (AGU), Jorge Messias, en un comunicado.
En 2024, Moraes bloqueó temporalmente X en Brasil hasta que la red social cumpliera su orden de eliminar las cuentas acusadas de difundir desinformación.
Posteriormente, ordenó suspender Rumble porque esta plataforma para compartir videos, popular entre los conservadores y la extrema derecha, se negaba a bloquear la cuenta de un usuario residente en Estados Unidos que era buscado por difundir desinformación.