La Corte Penal Internacional (CPI) autorizó este martes a su fiscal a reanudar la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, al considerar insuficientes los procedimientos nacionales. Venezuela sostiene que las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas durante la represión de las manifestaciones antigubernamentales de 2017, que causaron un centenar de muertos, deben dirimirse en el marco de su propio sistema judicial.
Agregó que llegó a su conclusión "sobre la base de las observaciones y el material recibidos". Por lo tanto los jueces decidieron autorizar al procurador Karim Khan "reanudar la investigación" sobre la situación en Venezuela.
"Las investigaciones nacionales en general parecen centrarse en los perpetradores directos y/o de rango inferior", señaló.
También indicó que "Venezuela parece haber tomado medidas de investigación limitadas y que en muchos casos parece haber períodos inexplicables de inactividad investigativa".
Según el estatuto de Roma, tratado fundacional de la Corte Penal Internacional, un Estado miembro puede oficialmente pedir que el procurador de la Corte Penal Internacional se ciña a la investigación del Estado en su propio territorio.
La justicia venezolana inculpó y condenó a agentes de las fuerzas del orden por la muerte de manifestantes durante la movilización de 2017, pero los opositores al gobierno consideran que esas medidas fueron tomadas únicamente para evitar un proceso ante la Corte Penal Internacional.
En noviembre de 2021, el procurador de la Corte Penal Internacional anunció, al lado del presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas, que pasaba de una investigación preliminar abierta en 2018 a una investigación formal.
La Sala estuvo integrada por los jueces Péter Kovács como presidente, además de Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou y María del Socorro Flores Liera.