A pesar del impacto negativo de la pandemia en la industria del automóvil y de la escasez mundial de microchips, cada vez son más los países que suman esfuerzos para que la movilidad eléctrica sigue dando pasos importantes. Los vehículos eléctricos dieron un gran salto en muchos países en 2022. Según un análisis de PwC and Strategy&, los vehículos eléctricos de batería (BEV) representaron el 14,3% de las nuevas matriculaciones de automóviles en 14 grandes mercados el año pasado, frente a sólo el 4,1% de 2020 y el 8,2% de 2021.
Aunque en Noruega medidas como exenciones fiscales y de peaje y otros incentivos económicos y ayudas financieras han resultado muy eficaces para promover la movilidad eléctrica, este modelo no puede trasladarse fácilmente a otros países. En primer lugar, por su coste, ya que Noruega subvenciona la compra de coches eléctricos a un nivel que pocos países podrían permitirse. Y en segundo lugar, porque es una economía con uno de los niveles de renta más altos del mundo (irónicamente gracias a sus reservas de petróleo), lo que representa una clara ventaja de asequibilidad para la población.
Como dato interesante, Panamá cuenta con una "Ley de Movilidad Eléctrica". La Ley N° 295 del 25 de abril de 2022, que incentiva la movilidad eléctrica en el transporte terrestre y cuyo propósito es “reducir la emisión de gases de efecto invernadero aumentando el uso de energías renovables”.
La norma fue propuesta por el diputado independiente Edison Broce y entró en vigor desde el 1 de enero de 2023, aunque aún no ha tenido en el país el impacto esperado y necesario, se espera que en los próximos años camine en la dirección que se requiere.
Esta ley establece la incorporación de nuevos incentivos fiscales aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como también la implementación de medidas e incentivos no fiscales en los sectores público, privado y académico.