El Consejo de Gabinete aprobó este martes el Decreto N°116-25, que prorroga por seis meses adicionales la vigencia del Decreto de Gabinete N° 5 de 30 de marzo de 2021, que establece medidas relacionadas a la comercialización del café tostado, un producto calificado de sensitivo para la economía nacional.
El Decreto establece que la medida se toma debido a que en la comercialización del grano se siguen detectado conductas de incumplimiento de normas nacionales de salud pública, lo cual hace necesario implementar medidas de control para asegurar la observancia de dichas leyes respecto a un producto esencial del sector agropecuario nacional y de la canasta básica familiar panameña.
Cabe destacar que el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) permite establecer prohibiciones o restricciones a la importación de mercancías cuando sean necesarias para la aplicación de normas o reglamentaciones sobre la clasificación, el control de la calidad y la comercialización de productos destinados al comercio internacional.
En la última reunión de la Cadena Agroalimentaria de Café, el pasado 26 de septiembre de 2025, se evaluó la medida de control a la comercialización de café tostado y se recomendó al Órgano Ejecutivo prorrogar por seis meses el Decreto de Gabinete N° 5 del 30 de marzo de 2021, que establece medidas temporales de control a la comercialización de café tostado.
Tras ello, la Comisión Interinstitucional de Defensa de la Producción Nacional, el día 6 de octubre de 2025, aprobó recomendar su extensión temporal de control a la comercialización de café tostado.
Contrato para Zona Libre de Combustible
El Consejo de Gabinete también autorizó al Ministerio de la Presidencia a suscribir con la sociedad Puma Marine, S.A. el contrato de operación y administración de una Zona Libre de Combustible en el corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón. Esta zona tendrá una capacidad instalada de 545 mil barriles bajo una inversión de 51 millones de dólares que generará empleos altamente calificados.
Esta decisión se hace oficial a través de la Resolución N°89-25 del 9 de septiembre de 2025.
El contrato comprenderá la operación, mantenimiento y administración del complejo de tanques, estaciones de bombeo, muelles y ductos, para petróleo crudo, semiprocesado, productos derivados de petróleo, gas natural, biocombustibles y demás combustibles.
Esta decisión del Gabinete se tomó luego de que la Contraloría General de la República presentara recomendaciones para ajustar el contrato a favor de Puma Marine, S.A., y estas fueran atendidas por la Secretaría Nacional de Energía.
Aprueban reducir la Zona Franca de Davis
Mediante la Resolución N°22-25, el Gabinete emitió concepto favorable para que la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Zonas Francas reduzca el área de la Zona Franca Estatal de Davis, y se aprueba la excepción de menos de dos (2) hectáreas de terreno para quedar con una superficie operativa de 9,832.32 m2. Dicha acción se realiza conforme a lo dispuesto en la Ley 32 de 5 de abril de 2011, sus modificaciones, adiciones y reglamentación mediante el Decreto Ejecutivo N° 62 de 11 de abril de 2017.
Esta zona franca, ubicada en la avenida José Dominador Bazán, corregimiento de Cristóbal, en Colón (antiguo Fuerte Militar Davis), cuenta actualmente con una superficie de 5.2 hectáreas que es propiedad de la Nación, bajo la administración de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR), en su condición de promotor y operador.
La UABR presentó ante la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Zonas Francas la solicitud de reducción del espacio de esta zona franca debido a que la actual administración recibió esta zona franca en estado de abandono. Al realizar los análisis correspondientes, se determinó que no cuentan con los recursos para asumir los gastos operativos de mantenimiento, sin retorno de inversión ni actividad económica activa.
Además, el promotor comunicó formalmente que tiene una propuesta de otro régimen económico (Zona Libre de Colón) dispuesto a desarrollar el área de la zona franca estatal que está en desuso y en estado de abandono.
La UABR aportó el respectivo informe de criterios técnicos y económicos que sustentan la solicitud.