Se avecinan fechas de trascendental importancia para la recuperación económica de Panamá más desigual de la región: el 30 de septiembre acabó la famosa moratoria bancaria mientras que para el 30 de octubre los contratos laborales suspendidos deben pasar a ser parte del pasado. En medio de estos importantes ajustes es ya tiempo de iniciar una nueva negociación sobre el salario mínimo, tema que siempre despierta acaloradas conversaciones.
A pesar de la débil reactivación económica que apuntan ciertos indicadores como el índice mensual de actividad económica (IMAE), lo que parece inevitable es una nueva ola de desempleo producto de la forzosa reactivación de contratos laborales. Ante la floja demanda en segmentos como el comercio al detal o la construcción, la opción que queda para que ciertos modelos de negocios sobrevivan es reducir la planilla, reducir al mínimo gastos innecesarios y procurar el control de la deuda.
La desvinculación de personal en medio de una pandemia trae connotaciones realmente preocupantes para la supervivencia del programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social. La negativa ola expansiva que se aproxima por la naturaleza de lo que vivimos es prácticamente inevitable salvo que se hagan sacrificios compartidos en muchas aristas.
Sin darnos cuenta entramos en los últimos 4 meses de un año de ajustes como pocos. Si el 2020 fue para procurar no contagiarnos de la temible Covid-19, el 2021 cierra con la esperanza que la famosa inmunidad de rebaño es alcanzable y en ese proceso podremos tomar medidas adicionales conjuntamente entre sector privado y público para dejar la anormalidad que nos ahoga. Esa anormalidad de nuestros hijos aún en casa sin atender clases presenciales; esa anormalidad de medidas redundantes y sin fundamento científico que ahuyenta el turismo.
60 días y contando. Qué sean llenos de iluminación para los tomadores de decisiones que guían el rumbo de este país. Y de mucha resistencia para un pueblo que no se rinde.