El presidente del parlamento de Nicaragua, Gustavo Porras, llamó este lunes a los movimientos sociales oficialistas a cerrar filas ante posibles intentos de "destruir" el gobierno de Daniel Ortega, como ocurrió con el de Evo Morales en Bolivia.
Porras, diputado y coordinador del Frente Nacional de Trabajadores (FNT), llamó a impedir que sus adversarios "jueguen con nuestro país y con las conquistas alcanzadas" por el FSLN.
Su advertencia se dio más de un año después de que Nicaragua se viera sacudida por una ola de protestas opositoras que exigió por meses la salida del poder de Ortega, quien gobierna desde 2007 bajo acusaciones de corrupción y nepotismo.
"Vamos a enfrentar unidos cualquier intentona de destruir la democracia como la pretenden destruir en Bolivia", agregó.
El dirigente sandinsita en la ciudad occidental de León, Carlos Fonseca, hijo del fundador del FSLN, aseguró también que el oficialismo está preparado para defender al gobierno.
"Aquí los revolucionarios estamos armados (Policía, Ejército y pueblo organizado) y si algo sabemos hacer los sandinistas es VENCER, con nuestra Vanguardia al frente", publicó Fonseca en Twitter.
Evo Morales, allegado a Ortega, renunció el domingo a la presidencia de Bolivia presionado por semanas de protestas tras la reelección del mandatario en unos cuestionados comicios, y la pérdida de apoyo del ejército y la policía.
Ortega calificó el domingo los acontecimientos en Bolivia como "un golpe de Estado" y expresó su "repudio a las prácticas fascistas" que a su juicio obligaron a Morales a dimitir.
Porras anunció que las centrales y federaciones sindicales sandinistas se reunirán el miércoles para expresar su respaldo "incondicional" a Ortega y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
"Nuestro apoyo, defensa y unidad incondicional con el FSLN, con Daniel Ortega y Rosario Murillo", exhortó Porras, quien integra el círculo de confianza de la pareja presidencial.
Las protestas masivas de 2018 comenzaron contra una reforma al seguro social y luego se transformaron en una demanda de salida del mandatario. Dejaron al menos 325 muertos, 62.500 exiliados y cientos de encarcelados, y fueron calificadas por el gobierno como un intento de golpe de Estado organizado por la oposición con el apoyo de Estados Unidos.
FUENTE: Agencia AFP