A propósito de la posición tomada por la Procuraduría de la Administración ante la consulta sobre la demanda de inconstitucionalidad del artículo 26 del Código de la Familia, Rigoberto González Montenegro manifestó en Eco360 que esta discusión -del matrimonio igualitario- ya ha sido abordada en otros países donde ha prevalecido el control de convencionalidad.
El Procurador de la Administración manifestó que Panamá está suscrito a la convención de Derechos Humanos y debe prevalecer el principio de convencionalidad al analizar este tipo de situaciones, para así evitar en el futuro que el Estado panameño sea demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
