El Congreso de Colombia inició el lunes el trámite para dar rango constitucional y blindar el acuerdo de paz que prevé firmar con la guerrilla FARC para acabar con medio siglo de conflicto armado, confirmó el ministro de Interior.
El gobierno de Juan Manuel Santos se comprometió la semana pasada con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas) a iniciar antes del 18 de mayo el trámite legislativo para blindar jurídicamente y "dar garantías de cumplimiento" al acuerdo que esperan firmar tras más de tres años de diálogos.
Además del debate en el Congreso y su sucesiva aprobación por la Corte Constitucional, Cristo consideró indispensable que "los colombianos voten a favor del plebiscito del acuerdo por la paz" para que el texto adquiera vigencia legal en Colombia.
La reforma dará a lo pactado en La Habana tratamiento de "acuerdo especial" en el marco del derecho internacional humanitario y lo incorporará íntegramente a la Constitución. También será presentado ante organismos como Naciones Unidas.
El presidente Juan Manuel Santos consideró que este acuerdo supone "un paso trascendental" por parte de la principal guerrilla del país, al "reconocer las leyes y el Estado que han combatido por medio siglo".
"Serán el pueblo, el Congreso y la Corte Constitucional quienes darán validez, vigencia y sostenibilidad en el tiempo a lo que se acuerde (...) para que el día de mañana no se cambie lo pactado", declaró el mandatario desde la presidencial Casa de Nariño.
Aunque el gobierno promete que celebrará un plebiscito sobre los acuerdos de La Habana, la Corte Constitucional todavía debe pronunciarse sobre la compatibilidad de esta consulta con la Carta Magna.
Desde noviembre de 2012, las FARC y el gobierno han alcanzado acuerdos en cuatro de los seis puntos de la negociación: problema agrario (origen del conflicto), cultivos ilegales y narcotráfico, reparación de las víctimas del conflicto y la transformación de la guerrilla en partido político.
El conflicto más antiguo de América, que comenzó en los años 1960 como una sublevación campesina, ha involucrado a grupos irregulares de izquierda y de derecha y a agentes del Estado y deja ya 260.000 muertos y 6,8 millones de desplazados.