Actualidad -  21 de marzo 2016 - 15:33hs

Bloqueo de nombramiento de Lula agrava crisis brasileña

La crisis política brasileña se agravó cuando jueces del país ordenaron suspender temporalmente el nombramiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva como jefe de gabinete de su sucesora, tras una ruidosa ceremonia de juramentación y fuertes protestas.

La primera orden de suspensión fue anulada por un tribunal superior, informó el viernes la agencia noticiosa estatal Agencia Brasil, pero una segunda orden de parte de un juez de Río de Janeiro, lo que agravó la confusión política en la que está sumido el país.

La oposición acusa a la presidenta Dilma Rousseff de querer ayudar al otrora popular Lula da Silva a evitar un cerco legal que se cierne sobre él. Hace menos de dos semanas el expresidente fue llevado a un interrogatorio realizado por la policía en relación con una investigación de corrupción de largo alcance en la estatal petrolera Petrobras.

Los miembros del gabinete solo pueden ser investigados, acusados o encarcelados con autorización de la Corte Suprema.

Rousseff insiste que el nombramiento no tiene que ver con problemas legales y que quiere la ayuda de Lula para encarrilar la economía y rechazar los intentos de derrocarla mediante juicio político ante denuncias de mal uso de fondos fiscales en otra investigación en curso. El juicio político dio un paso importante el jueves con el nombramiento de una comisión especial en la cámara baja del Congreso.

El nombramiento de Lula enfureció a la población y dio lugar a marchas en las que participaron unas tres millones de personas el jueves en Brasilia y Sao Paulo, con muñecos inflables de Lula vestido como presidiario. El fin de semana pasado también se registraron manifestaciones en todo el país y se preveía la realización de un acto a favor de Lula en las próximas horas, pero no estaba claro si asistiría el exmandatario.

Rousseff tomó la ofensiva en la ceremonia de juramentación del jueves, al calificar de "golpistas" a los que buscan su dimisión y acusar a Sergio Moro, el juez que preside la investigación de Petrobras de violar la constitución por estar al servicio de intereses partidistas.

"Sacudir la sociedad brasileña por medio de mentiras, maniobras furtivas y prácticas muy criticadas viola las garantías constitucionales y sienta precedentes muy graves", dijo Rousseff. "Así comienzan los golpes" de estado, agregó.

Las órdenes de suspensión del nombramiento de Lula da Silva no han tomado por sorpresa a los brasileños que están acostumbrados al uso de estas tácticas para retrasar o interrumpir designaciones o decisiones políticas. Algunos abogados insistieron que Lula ya puede ser considerado como uno de los ministros del gabinete pues se juramentó en el cargo antes de que las órdenes fueran proferidas y goza de los privilegios legales que el cargo le otorga. Otros juristas argumentaban que había que esperar a que la medida cautelar sa dejada en firme o revocada por una instancia judicial superior.

El Procurador General José Eduardo Cardozo, aliado cercano a Rousseff, dijo que detrás la orden de suspensión había "motivaciones políticas" y la calificó de "absolutamente inapropiada".

"La situación es absurda", dijo Cardozo en rueda de prensa y añadió que el gobierno apeló la medida. También atacó al juez que emitió la orden al citar unas fotos publicadas en Facebook que lo que muestran participando en una manifestación en contra del gobierno.

Tanto Rousseff como Silva han negado reiteradamente haber cometido delito alguno mientras que el gigante sudamericano, un país de 200 millones de habitantes, enfrenta varias crisis en diversos frentes.

La investigación ha implicado a decenas de figuras públicas de todo el espectro político brasileño y a destacados empresarios. Es una de varias crisis que afectan al país cinco meses antes de que se celebren los Juegos Olímpicos de Río y que se suman a una creciente y profunda recesión y a un poderoso brote del virus del zika.

Rousseff fustigó la inesperada difusión el miércoles de unas grabaciones de unas conversaciones telefónicas entre Lula y varias figuras prominentes, incluida la propia presidenta. Sergio Moro, el juez que encabeza la investigación en Petrobras, las dio a conocer horas después del anuncio del nombramiento de Silva y sostuvo que las escuchas parecen insinuar que hubo intentos para influenciar a las autoridades judiciales a favor del expresidente.

La presidenta calificó las grabaciones de ilegales y su difusión de "claro intento de sobrepasar los límites del estado democrático".

Moro comparó la situación política brasileña con una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que fue un hito en el escándalo del Watergate, que derrocó al presidente Richard Nixon.

"Ni siquiera la más alta autoridad de la república tiene el privilegio absoluto de la confidencialidad de sus comunicaciones", dijo Moro, y agregó que la decisión en el caso de Nixon, que data de 1974 y que autorizó la publicación de sus conversaciones, era "un ejemplo a seguir".

El jueves Eduardo Cunha, presidente de la Cámara baja y enemigo de Rousseff, conformó el comité que decidirá si se debe seguir adelante con el juicio político contra la mandataria. La decisión fue celebrada en la plenaria de la Cámara de Representantes por opositores que sostenían pancartas que decían "juicio político ahora", mientras que aliados de Rousseff coreaban "no habrá un golpe de estado".

Este es el primer paso en un largo proceso que incluye múltiples votaciones en la Cámara de Representantes y el Senado. Analistas consultados dicen que, de seguir adelante, el proceso podría llevar meses.