El exfiscal del Ministerio Público, Giovanni Olmos, advirtió que la deportación de migrantes desde Estados Unidos a Panamá representa una "presión de carga" para el gobierno panameño. Según Olmos, Estados Unidos debería gestionar la repatriación de manera directa en lugar de trasladar la responsabilidad a Panamá, que, por su parte, debe cumplir con tratados internacionales de derechos humanos, lo que implica un análisis detallado de cada caso.
Respecto a la gestión del presidente José Raúl Mulino, el exfiscal destacó que el mandatario busca una solución "jurídica y humana" para la situación de los migrantes deportados desde EE.UU., aunque considera que su actuar está influenciado por presiones geopolíticas. "También creo que busca apaciguar la tensión que se ha generado con el tema del Canal de Panamá", agregó.
Sobre la inversión estadounidense para la adecuación de la pista aérea de Nicanor, en Metetí, Darién, con el objetivo de facilitar la repatriación de migrantes, Olmos recomendó que Panamá establezca límites a estos compromisos y los maneje con diplomacia, sin dejar de respetar el derecho internacional.
Proceso judicial contra obreros de la construcción
Por otro lado, el exfiscal se refirió al proceso judicial contra trabajadores de la construcción, asegurando que, aunque algunos delitos pueden ser comprobados, será difícil acreditar imputaciones como asociación ilícita o delitos contra la colectividad.
En este sentido, destacó la importancia de que el Ministerio Público actúe con independencia y no se convierta en un "yes man" de las instituciones del Estado. "El Procurador y los fiscales son filtros que deben garantizar el cumplimiento de la legalidad, el debido proceso y la tipicidad de los delitos", subrayó.
Finalmente, insistió en que el Ministerio Público debe basarse en pruebas claras y peritajes del Instituto de Medicina Legal, así como en declaraciones policiales y testimonios, para esclarecer los hechos con solidez jurídica.