La discusión sobre la institucionalidad y su funcionamiento se ha vuelto crucial tras los recientes cambios en el escenario político de Panamá. El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, César Ruiloba, insiste en la necesidad de una institucionalidad activa y eficiente, independientemente de quién ocupe los cargos públicos, para garantizar la equidad, justicia y transparencia en todos los procesos gubernamentales.
Desafíos en el sistema judicial, según César Ruiloba
Agregó que el panorama político está en proceso de renovación con la llegada de un nuevo ejecutivo y un parlamento rejuvenecido, aunque el poder judicial mantendrá en gran medida su estructura actual. La continuidad en el sistema judicial implica la persistencia de desafíos históricos, particularmente en términos de eficiencia y celeridad en los procesos judiciales. Expertos señalan la necesidad de establecer estándares claros, como la resolución de procesos civiles en un plazo no mayor a dos años, emulando los modelos de países desarrollados.
Considera que el poder judicial está proponiendo proyectos para mejorar estos procesos, pero se requiere la cooperación del Parlamento y el Ejecutivo para la aprobación formal y la implementación de dichos estándares. Las reformas sugeridas incluyen la digitalización de los procesos judiciales, una medida que ha revolucionado otros sectores como el bancario, facilitando la accesibilidad y rapidez de los servicios.
Además, comentó que en el ámbito de la justicia electoral, se ha destacado la necesidad de revisar y fortalecer los códigos procesales para garantizar que las demandas de impugnación sean tratadas de manera justa y equitativa. La activación adecuada de estas normas es esencial para asegurar que cualquier irregularidad sea debidamente investigada, y que se mantenga la integridad del proceso democrático.
Reforma a la Constitución
El debate sobre la reforma de la Constitución y los códigos legales es pertinente en un siglo marcado por la revolución digital. El abogado coinciden en que se debe adaptar la justicia a las necesidades del siglo XXI, promoviendo estándares de eficiencia, transparencia e independencia en todos los niveles del sistema judicial y gubernamental.
En resumen, la institucionalidad robusta es vista como el pilar sobre el cual debe edificarse la nueva fase de gobernanza en Panamá, asegurando que todos los actores políticos y judiciales operen bajo los mismos criterios y que se logre una justicia eficiente y accesible para todos los ciudadanos.