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Estado panameño demanda a expresidentes Martinelli y Varela

El Estado panameño, dotó de poder especial al Doctor Carlos Enrique Muñoz Pope, para que actúe en nombre del país en este proceso civil.

Félix Chávez
Por Félix Chávez
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El Estado panameño, continuando con su afán de exigir rendiciones de cuentas a quienes habrían lesionado el patrimonio del país, ha presentado querellas contra los dos últimos presidentes de la nación, Ricardo Mertinelli y Juan Carlos Varela, respectivamente, y ante un banco de la localidad, esta última retirada la mañana de este lunes 11 de septiembre; todos ligados a la red de corrupción creada por la empresa Constructora Odebrecht.

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Actuando en nombre del Estado, el Ministerio de Seguridad Pública otorgó poder especial al Doctor Carlos Enrique Muñoz Pope, quien será el encargado de velar por los bienes del país en este caso.

Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela están llamados al proceso por recibir pagos o coima de la empresa brasileña para adjudicarse obras durante sus respectivos mandatos.

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El comunicado de prensa indica que, "en este contexto, y atendiendo a la magnitud del prejuicio ocasionado al erario público como consecuencia de los actos ilícitos identificados en este proceso, se pretende establecer un procedente histórico y resarcir el daño moral, material, reputacional del Estado panameño como principal afectado, siendo la interposición de acciones civiles derivadas de delitos, el mecanismo idóneo para tal propósito".

En el caso del exmandatario Ricardo Martinelli Berrocal, el reclamo es por la suma de $159 millones, por daño moral y material causado por los hechos relacionados con el caso Odebrecht en el que es procesado y por el que tiene que afrontar el juicio el próximo 27 de septiembre ante el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales. El mismo se divide en que el daño material ascendería a 59 millones de dólares y el daño moral a 100 millones de dólares, añade costas, gastos e intereses legales.

Ricardo Martinelli se defiende

"La persecución política no tiene fin. Esto es una verdadera injusticia de parte de personas allegadas al Gobierno", manifestó el expresidente y candidato para regresar a la máxima silla del Palacio de las Garzas en 2024, a través de un vídeo publicado en redes sociales.

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Añadió que: "4.4 millones de panameños van a decidir de forma libre y sin coacción quién regirá los destinos del país y si soy inocente o culpable". Añadió que: "4.4 millones de panameños van a decidir de forma libre y sin coacción quién regirá los destinos del país y si soy inocente o culpable".

En su defensa, Martinelli evocó el artículo 191 de la Constitución, el que se dejan ver las razones por las que un expresidente puede ser involucrado en una acción penal. En este sentido, exige que se respete la Carta Magna. También destacó que durante su administración Panamá no estuvo incluido en ninguna lista de organismos internacionales.

"Panamá nunca estuvo en ninguna lista de GAFI, OCDE o de nada en mi administración. Si pasó algo después es otra cosa", apuntó. "Panamá nunca estuvo en ninguna lista de GAFI, OCDE o de nada en mi administración. Si pasó algo después es otra cosa", apuntó.

Exigen 30 millones a Varela

En tanto, al expresidente Juan Carlos Varela, el Estado le exige la suma de $30 millones de dólares por su vinculación en la red de Odebrecht, asegurando que la campaña de Varela recibió $10 millones de dólares de la Caja 2 de Odebrecht. De igual forma, se le pide el pago de $20 millones como daño moral al país y lo culpan igualmente de la inclusión de Panamá en las listas grises.

De acuerdo con Varela, todo ese proceso, en su contra, se produce en medio de una "acalorado debate político" y como una medida "aparente de gobierno nacional para enfocar sus frustraciones políticas a través del sistema de justicia".

"Queremos enfatizar que nuestra lucha se centra en la certeza de nuestra inocencia y en nuestra convicción de que nos enfrentamos a un proceso relacionado con el financiamiento de nuestras campañas políticas", agregó. "Queremos enfatizar que nuestra lucha se centra en la certeza de nuestra inocencia y en nuestra convicción de que nos enfrentamos a un proceso relacionado con el financiamiento de nuestras campañas políticas", agregó.