Las auditorías en las planillas de la Asamblea Nacional han causado polémica a lo interno del Legislativo. Y es que ante la queja expresada por la presidenta del legislativo, Dana Castañeda, el contralor Anel Flores, salió al paso de los señalamientos de la parlamentaria sobre maltrato a funcionarios y la supuesta interferencia hacia el funcionamiento de la Asamblea.
"El problema que tenemos nosotros es que a veces entendemos que las cosas son o no son. Hay una razón: la Contraloría tiene toda la autoridad para investigar los dineros públicos y los dineros de la Asamblea son dineros públicos, que ellos dicen que se maltrató a los funcionarios no lo es, pero bueno respetamos sus opiniones, pero no las compartimos", dijo Flores.
La Contraloría en ese proceso busca conocer si en la Asamblea existen botellas.
Cuestionan el proceder de la Contraloría
El diputado oficialista de Realizando Metas (RM), Ronald De Gracia, no comparte la forma del escudriño de la Contraloría a través de filas en las entradas de la Asamblea Nacional, donde se exige a todo funcionario presentar cédula, número de posición y firma.
"Muy personalmente pues hay maneras y hay maneras. Siento que lo que sucedió ayer no fue la forma más eficaz para mi muy respetuosamente, tengo muy buena relación con el señor contralor, respeto su trabajo y su tarea y definitivamente hay que fiscalizar las cosas que estén mal para corregir para que en el futuro no tengamos la misma problemática", dijo De Gracia.
La Asociación de Empleados de la Asamblea Nacional se pronunció y aseguró que las auditorías van más allá de un "maltrato".
"A los que asistimos y trabajamos, y no es maltrato es persecución y acoso laboral de la cual hay convenios internacionales aprobados por esta Asamblea Nacional y hay leyes que no permiten las actuaciones de los auditores y fiscalizadores de la Contraloría General", dijo Karina Connell, presidenta de la Asociación de Empleados de la Asamblea Nacional.
Funcionarios no descartan acciones legales
Desde el Órgano Legislativo no se descarta recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), así como ocurrió en períodos pasados.
La Contraloría, hasta el momento, no ha emitido concepto por el caso de los diputados suplentes que aparecen en la Asamblea como asesores y asistentes técnicos parlamentarios debido a que se encuentra analizando los hechos, tomando en cuenta que hay una fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró una inconstitucionalidad.