Abel Oliveros, proveedor de la mina de Donoso y dueño de Metal Mecánicas, alzó su voz para describir la crítica situación a la que se enfrenta él y cientos de empresarios y trabajadores tras el cese de operaciones de Minera Panamá.
Proyecto de crecimiento en pausa
La empresa de Oliveros, Metal Mecánicas, se dedicaba al mantenimiento de la planta de procesos de Minera Panamá y su modelo de negocio se centraba en reclutar y entrenar a gente de la zona para que, en un futuro, se encargaran de todo el mantenimiento. En sus inicios, con una perspectiva de crecimiento "muy importante", donde Oliveros empleaba de manera directa entre 15 y 25 trabajadores.
Sin embargo, con el cese de operaciones, su empresa, al igual que muchas otras, quedó "en pausa", con inversiones y sueños estancados, sumándole a esto, el impacto en proveedores mucho más grandes, algunos con 200 o hasta 400 empleados en la zona del interior (Penonomé y Coclé).
Realidad económica y social
Frente a la oposición de la actividad minera en Panamá y la idea de que los proveedores deberían dedicarse a otras cosas, Oliveros fue categórico: "Pienso que están equivocados", explicando que el impacto va más allá de las cifras macro: "son 1700 millones de dólares que dejaron de entrar al país".
Esto, según Oliveros, se tradujo en la vida de las familias, como ese padre de familia que no pudo seguirle pagando la universidad a sus hijos o ese estudiante que tuvo que desertar porque no había economía.
Desde su perspectiva, la mina es una oportunidad para las zonas del interior, en especial para Coclecito, su lugar de origen. A pesar de una inversión de 10 mil millones de dólares en la zona, Oliveros describió la realidad de su pueblo: "no hay oportunidades. Allá lo que hay es informalidad, desespero y desesperanza".
En la actualidad, Oliveros y su gente se dedican a la agricultura, una actividad que considera muy difícil llevarla a cabo en nuestra zona debido a la dura competencia y la limitada aptitud de sus tierras.
Minería moderna y responsable
Oliveros refutó la percepción de que quienes apoyan la minería son destructores del ambiente, argumentando que la gente del campo lo ama y aprendió a vivir de la tierra.
Para él, la realidad es que se necesitan empleos bien remunerados y el aprovechamiento de los recursos naturales para que una sociedad salga adelante, asegurando que "sí se puede alternar una industria como esta, una minería moderna y responsable con la vida rural del campo".
Además, el proveedor testificó que existía un "plan muy robusto de reforestación" y que el proceso de operación de la empresa "no tenía nada que ver con algún tipo de químico que pudiese ser nocivo al ambiente", sino que era un "proceso totalmente físico... bastante amigable con el ambiente" con una huella ambiental que "iba a ser mitigada al máximo", criticando que los opositores a la minería se basan en "experiencias negativas de otros países o casos fallidos que no tienen nada que ver con la situación de la mina de Donoso y de Omar Torrijos".
Llamado al Ejecutivo
Oliveros reveló que él y otros proveedores estuvieron "resistiendo 18 meses", pagando impuestos y tratando de cumplir con sus obligaciones con una situación tan crítica que hay empresas que "no van a llegar a fin de año", e incluso una empresa de La Pintada tuvo que emigrar a Perú para tratar de seguir operando y pagar sus deudas en bancos nacionales.
A pesar de conversar con el presidente en el pasado, no se volvieron a reunir y en ese primer encuentro, no les hizo una promesa directa, pero indicó que una vez aprobada la ley de la Caja del Seguro Social, abordaría el tema de la mina, sin dar detalles específicos. Ante ese suceso, Oliveros y la comunidad esperan un nuevo acercamiento para actualizar lo que estuvo pasando.
En definitiva, Oliveros expuso que la crisis de empleo en el país hace que la reactivación de la mina sea la opción "más factible para el gobierno" y concluyó con un llamado "amable, sencillo y humilde" al Ejecutivo, enfatizando que el desespero es enorme y se necesita una solución lo más pronto posible.
