Los riesgos y vulneraciones a los derechos humanos que enfrentan los migrantes que atraviesan la frontera entre Colombia y Panamá, hizo que las Defensorías del Pueblo de los dos países se unieran y emitieran una Alerta Temprana Binacional para que los gobiernos de las dos naciones tomen acciones que garanticen los derechos de las personas que cruzan esa frontera.
Son múltiples los riesgos y vulneraciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario que deben enfrentar, tanto los migrantes, como las poblaciones que viven en la región alertada, entre ellos: violencia sexual, desaparición forzada, homicidios, extorsiones para permitir el tránsito de migrantes, robo de pertenencias y dinero, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, tráfico de migrantes y posible trata de personas.
Vale advertir que en especial situación de vulnerabilidad se encuentran mujeres, madres lactantes, y niños y niñas que viajan solos o cuyos núcleos familiares han resultado divididos por cuenta de las dificultades de la travesía.
Por su parte, Eduardo Leblanc González, Defensor del Pueblo de Panamá indicó, que “ha sido un trabajo mediante visitas de campo entrevistas a personas en movilidad humana y lugareños. Debemos prestar especial interés en los lugareños quienes han abandonado actividades agrícolas y comerciales para dedicarse a los flujos migratorios. En cuanto a los NNA hemos venido advirtiendo en conjunto con Unicef los graves problemas de abandono escolar por tareas relacionadas al flujo migratorio, el trabajo infantil y demás actividades que no corresponde al desarrollo de niños y adolescentes”.
De la misma forma, el Ombudsman panameño, destacó que El Darién campesino ha sido olvidado por los gobiernos y sus necesidades de atención salud y educación son imperiosas, el flujo ha generado qué recursos destinados a la población sean invertidos en el creciente número de personas que recibimos del paso por la selva.
Las dos Defensorías hicieron seis recomendaciones de alcance binacional para que se les garanticen los derechos a estas poblaciones, entre ellas, a Migración Colombia y a Migración Panamá, y con el apoyo y la facilitación de los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países, para que establezca una Mesa Permanente de atención a la población migrante y de esta manera se puedan revisar los flujos migratorios irregulares, las violaciones a los derechos humanos, revisar rutas, victimizaciones, además que se puedan compartir datos estadísticos.
También se solicita en el documento que, en articulación con entidades estatales, el Ministerio de Defensa de Colombia y el Ministerio de Seguridad de Panamá fortalezcan los canales de diálogo y comunicación para que se evalúen mecanismos de disuasión de las amenazas a los derechos humanos en la zona de frontera. Allí resulta fundamental que toda intervención y atención en favor de estas poblaciones se haga bajo criterios de humanidad y dignidad, con un enfoque diferencial.