La incertidumbre crece entre unos 500 pacientes de hemodiálisis del Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá, quienes hasta hace algunos años recibían atención en el Hospital Santo Tomás y que hoy dependen de una alianza entre el Estado y clínicas privadas para continuar sus tratamientos.
Ahora, las cuatro clínicas restantes advierten que enfrentan una situación similar debido a una deuda acumulada que dificulta su operación y pone en riesgo la continuidad de los tratamientos.
Pacientes consultados expresaron su temor ante una posible suspensión, al asegurar que para muchos esto implicaría mayores costos de traslado, más tiempo lejos de sus hogares y un fuerte desgaste físico y emocional.
José Domingo Fajardo, apoderado legal de una de las clínicas privadas explicó que la deuda con este centro de salud renal supera el millón de dólares.
Especialistas en salud pública alertan que interrumpir los tratamientos de hemodiálisis puede tener consecuencias graves e incluso fatales, ya que estos pacientes dependen de este procedimiento varias veces por semana para sobrevivir. Pero la preocupación va más allá de la diálisis. Pacientes también denuncian un marcado retraso en los trasplantes renales.
Ante este panorama, hicieron un llamado urgente al Gobierno para ponerse al día con los pagos a las clínicas privadas y reforzar la política de trasplantes, advirtiendo que la vida de cientos de pacientes depende de ello.