El presidente Laurentino Nito Cortizo sancionó la Ley No. 258 del 26 de noviembre de 2021, que le regresa a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la facultad de investigar administrativamente a altos funcionarios. Esta ley fue aprobada en último debate por el Pleno de la Asamblea Nacional el pasado 29 de octubre.
La ley restablece la vigencia del literal b del numeral 2 del artículo 86 del Código Judicial, y le quita la competencia a la Procuraduría de la Administración y a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), para atender las faltas de estos funcionarios.
La propuesta de este proyecto de Ley No. 733, que fue aprobado al final del pasado periodo ordinario de sesiones en la Asamblea Nacional, causó suspicacia, entre otras cosas, porque fue aprobada en primer y segundo debate en menos de 24 horas y sin una opinión de alguna autoridad ligada al tema investigativo.
