La discusión por la transferencia del Impuesto de Bien Inmueble (IBI) a los gobiernos locales volvió a encenderse. Según Narciso Machuca, asesor de la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), el gobierno central mantiene una deuda acumulada que supera los $500 millones, correspondientes a fondos que, por ley, debieron llegar a los municipios para inversión comunitaria.
Fondos de municipios disminuyen y la deuda crece
Lo preocupante, según Machuca, es la tendencia: la morosidad del MEF crece cada año y las transferencias a los municipios disminuyen.
Y esto golpea directamente a las comunidades, porque el IBI es prácticamente el único recurso de inversión directa con el que cuentan los gobiernos locales. Además, su uso está estrictamente regulado:
10% al funcionamiento básico para ejecutar esos proyectos.
¿Y dónde está el dinero?
Machuca explicó que estos fondos no se depositan directamente en cuentas municipales, sino en una cuenta separada dentro de la Cuenta Única del Tesoro, administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Es decir, Los municipios hacen el proyecto, Contraloría lo valida y el MEF ejecuta el pago. Por eso, si el dinero no llega a su destino, el problema según AMUPA ocurre dentro del propio MEF.
Descentralización: el debate que Panamá sigue aplazando
El asesor municipal también señaló que este tema nada tiene que ver con polémicas recientes como la llamada “Procuraduría paralela”. “Ese escándalo no tiene relación con la descentralización. Aquí estamos hablando del cumplimiento de la Ley 37, no de programas sociales anteriores”, dijo.
Machuca insiste en que Panamá sigue siendo uno de los países más centralizados de América Latina, no solo en competencias, sino en ingresos.
A pesar de estar rodeado de grandes motores económicos Zona Libre, puertos, ferrocarril ninguno aporta tributos municipales por disposición legal. El resultado: Una provincia que genera riqueza multimillonaria para el Estado central, pero sigue rezagada en infraestructura básica.
¿Qué viene ahora?
AMUPA asegura que no contemplan, por ahora, acudir a instancias judiciales. Apuntan a una solución negociada.
Hay conversaciones con el MEF y la Autoridad de Descentralización para:
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revisar la creciente morosidad,
acordar una ruta de pagos,
y garantizar que los fondos lleguen a las comunidades.
La expectativa es que en los próximos meses se anuncien transferencias especiales o mecanismos para amortizar la deuda, aprovechando el presupuesto de 2026 o traslados administrativos.
Machuca cierra con un mensaje claro, “El IBI no es del gobierno central. Es de las comunidades. Y si no llega a donde debe llegar, el desarrollo territorial jamás va a equilibrarse.”
