En Panamá, la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales originó una subcomisión para revisar el proyecto de Ley 625 que adopta la legislación de la ley de extinción de dominio de bienes ilícitos.
Indicó que este proyecto de ley de extinción de dominio, analizada por la Asamblea Nacional de Panamá, en materia de impugnación de la sentencia es más garantista que el mismo Sistema Penal Acusatorio.
Agregó que "la retroactividad es uno de los temas que más se debe discutir en la Asamblea Nacional, en la ley de extinción de dominio, por si debe ser infinita o enmarcarse en un tiempo".
Precisó que la recepción por parte de la Asamblea Nacional ha sido positiva. "Hay una recepción interesante del proyecto de los diputados independientes, los diputados del gobierno han mostrado algún interés".
Discusión del proyecto
La Comisión Legislativa de Gobierno inició el miércoles la discusión en primer debate del Proyecto de Ley 625, que propone la creación de la legislación de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos en nuestro país.
El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino, destacó la importancia de darle tratamiento a este proyecto de ley de extinción de dominio, el cual considera una pieza vital en el combate contra la delincuencia y el crimen organizado.
«Esta ley impulsada en Panamá ha sido probada y funciona en nueve países del continente. Con ella, el músculo financiero de las organizaciones criminales se debilita y nos permite tener una norma para combatir al narcotráfico y al crimen organizado», apuntó el Ministro.
Indicó que esta norma tiene como objetivo la recuperación de los bienes ilícitos en favor del Estado, constituyendo un mecanismo de generación de ingresos, para financiar la prevención y la lucha contra la delincuencia, y además, resarcir el daño causado a la sociedad, dándole una función social al bien cautelado.
Por su parte, el Secretario General del Ministerio de Seguridad Pública, Jonathan Riggs, explicó que la Extinción de Dominio es una figura jurídica que se ha integrado a las legislaciones de países como Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador, Perú, Argentina y República Dominicana.
«El proyecto recoge las buenas prácticas a nivel internacional, con un enfoque social, porque le permite al Estado recuperar los bienes ilícitos y devolverlos a la sociedad, para su mejor uso colectivo», apuntó Riggs.
El presidente de la comisión, Victor Castillo, abrió el debate a consulta para recibir opiniones sobre el documento.