El proyecto para modificar la ley de facturación electrónica fue presentado por la diputada Zulay Rodríguez en medio de más de tres demandas de inconstitucionalidad interpuestas en la Corte Suprema de Justicia, en contra de la normativa que lleva el respaldo de la Dirección General de Ingresos (DGI). El Colegio Nacional de Abogados exigió a la Asamblea Nacional de Panamá iniciar el debate a través de la Comisión de Economía y Finanzas de ese órgano del Estado.
Los juristas afirman que existe una desconexión entre el gobierno y la constitución política. Campos afirma que las agrupaciones no están en contra al pago de impuestos, sin embargo, exigen que se haga dentro del marco de lo establecido en la Constitución y la ley. Agrega que en el artículo 17 de la norma se deja en evidencia una omisión por parte de las autoridades del Estado, principalmente a través de la DGI, del Ministerio de Economía y Finanzas y los miembros de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional de Panamá quienes no habrían realizado el debido control al momento de avalar esta iniciativa.
El abogado Ernesto Cedeño recomendó exceptuar a las profesiones liberales, como la abogacía de la Ley 256, sobre facturación electrónica. Expresó que si bien todo ciudadano debe pagar sus impuestos hay oposición a la forma inconsulta e impositiva en que se quiere lograr la implementación de la norma impulsada por las autoridades de la DGI y aprobada en la Asamblea Nacional de Panamá.
Como medida de rechazo, esta semana anunciaron a protestas a nivel nacional en todas las sedes de la Dirección General de Ingresos (DGI).
