La Defensoría del Pueblo, dirigida por la defensora Ángela Russo reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos de la población privada de libertad, recordando que la pérdida de la libertad no suspende el derecho fundamental a la vida, a la salud y condiciones de detención dignas.
Es decir, la Defensoría del Pueblo ha cumplido con su mandato constitucional al remitir formalmente a las instituciones competentes (Ministerio de Gobierno, Dirección del Sistema Penitenciario y Ministerio de Salud) solicitudes de información relacionadas a: procesos de traslados, nutrición, prohibición de entrega de valores, atención médica de urgencia y acceso a la salud, así como la asignación de abogados de oficio y otras acciones dirigidas a la prevención de cualquier trato cruel, inhumano o degradante.
Así mismo, la Defensoría remitió al sistema penitenciario las notas entregadas por las personas privadas de libertad, durante las inspecciones, sobre situaciones que afrontan de manera individual o colectiva.
No obstante, la Defensoría del Pueblo enfatizó que para encontrar soluciones definitivas se requiere de una respuesta articulada, interinstitucional y presupuestaria. Por ello, solicitaron a las autoridades correspondientes que actúen de manera oportuna, conforme a su competencia, y acudan al llamado de esta institución a un diálogo que permita acciones que garanticen el respeto a los derechos humanos de esta población.
"Reiteramos que seguiremos fiscalizando rigurosamente para que cada institución asuma su cuota de responsabilidad con el sistema de justicia penal y penitenciario de Panamá", puntualizó la institución.
