El contralor general de la República, Anel Flores, justificó las medidas precautorias establecidas mediante una resolución de la entidad y que permite el secuestro de bienes de funcionarios y particulares, en caso de detectarse anomalías que perjudiquen fondos públicos mediante las auditorías.
El contralor señaló que quienes no estén satisfechos con las explicaciones, pueden acudir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para demandar por inconstitucional la ley que los faculta a tomar acciones precautorias.
Más de 40 órdenes de incautación
La entidad informó que desde su aplicación, se han emitido más de 40 órdenes de incautación, logrando asegurar bienes por un valor superior a B/.24 millones, mientras que las irregularidades detectadas en los procesos auditados ascienden a más de B/.57 millones.
Flores, subrayó que uno de los principales desafíos históricos en la recuperación del patrimonio estatal ha sido el retraso entre la investigación y la adopción de medidas cautelares, que en promedio ha alcanzado los cuatro años.
Facultados por ley
Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal de Cuentas, Rainier del Rosario Franco, señaló que las medidas precautorias están amparadas en la Ley 32 de 1984 y el artículo 33 de la Ley 67 de 2008, las cuales las reconocen dentro de los procesos fiscales.
Agregó que toda acción deberá ser proporcional, fundamentada en indicios claros de irregularidad y sujeta al control de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, que podrá suspenderlas cuando lo considere necesario.
Ambas instituciones coincidieron en que este esfuerzo conjunto marca un paso decisivo hacia una justicia fiscal más efectiva, transparente y ágil, orientada a recuperar bienes públicos.
Durante la conferencia de prensa desarrolladas en la Contraloría, también participó el magistrado vicepresidente, Pablo Chen Vallarino y el fiscal de Cuentas, Jaime Barroso.