La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) manifestó su disposición de colaborar con el Ministerio Público y las autoridades competentes en las investigaciones relacionadas con la denuncia penal presentada por la Contraloría General de la República, tras la auditoría realizada al Contrato Ley No. 5 de 16 de enero de 1997, suscrito con la empresa Panamá Ports Company.
La AMP señaló que corresponde al Ministerio Público determinar las posibles responsabilidades que puedan existir en este caso.
Asimismo, la institución aseguró que la actual administración promueve la transparencia en sus actuaciones y respeta los procesos y derechos legales en los que intervengan las entidades de investigación pública.
La entidad indicó que su actuación está orientada a salvaguardar los intereses del Estado panameño, en beneficio de todos los ciudadanos.
Entre las principales competencias de la AMP están proponer y coordinar los planes de desarrollo del Sistema Portuario Nacional, administrar y operar los puertos y servicios portuarios bajo su responsabilidad, además de supervisar y fiscalizar las instalaciones portuarias concesionadas conforme a la normativa vigente.
También tiene la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para proteger los intereses nacionales en los espacios marítimos y aguas interiores de la República de Panamá.



