La Contraloría General de la República presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por posibles delitos contra la Administración Pública, tras detectar presuntas irregularidades en una auditoría al contrato suscrito entre el Estado panameño y Panama Ports Company, S.A. (PPC).
La acción incluye a quienes integraron, como miembros principales y suplentes, la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) entre 2014 y 2023, así como a quienes ocuparon el cargo de administradores generales de esa institución durante ese período y a la sociedad Panama Ports Company, S.A.
Auditoría al contrato de Panama Ports detectó posibles irregularidades
Los hallazgos que sustentan la denuncia están contenidos en el Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento relacionado con el Contrato Ley No. 5 del 16 de enero de 1997, suscrito entre el Estado panameño y Panama Ports Company, junto con sus respectivas adendas.
La auditoría comprendió el período entre el 2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2024.
Durante la revisión se evaluaron, entre otros aspectos, las cifras presentadas en los estados financieros de la empresa y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato original y sus modificaciones.
Según la Contraloría, el informe identificó posibles irregularidades y hechos que podrían constituir delitos contra la Administración Pública, por lo que decidió remitir la documentación correspondiente al Ministerio Público.
Denuncia incluye a exdirectivos y administradores de la AMP
La denuncia penal alcanza a quienes ocuparon cargos en la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá, tanto principales como suplentes, durante el período 2014-2023.
También comprende a quienes ejercieron como administradores generales de la AMP en esos años, además de Panama Ports Company, S.A.
La presentación de la denuncia busca que las autoridades competentes examinen los hechos señalados en la auditoría y establezcan si hubo conductas que puedan generar responsabilidades de carácter penal.
Ministerio Público deberá determinar si existen responsabilidades penales
La Contraloría aclaró que corresponderá al Ministerio Público investigar los hechos denunciados, determinar si se cometieron delitos y establecer quiénes serían los posibles responsables.
La institución recordó que los servidores públicos tienen la obligación de comunicar a las autoridades competentes cualquier hecho que, durante el ejercicio de sus funciones, pueda presentar características de delito.
Asimismo, reiteró que continuará ejerciendo su función fiscalizadora y remitiendo a las instancias correspondientes cualquier hallazgo o posible irregularidad que represente una afectación a los recursos y al patrimonio del Estado.





