Nacionales Nacionales -  18 de noviembre de 2026 - 12:06

Contraloría denuncia penalmente a Panama Ports por presuntas irregularidades

Contraloría remitió al Ministerio Público un informe que señala posibles delitos contra la Administración Pública relacionados con el contrato de Panama Ports

La denuncia fue presentada el 17 de noviembre, a través de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Contraloría, con el objetivo de que las autoridades investiguen los hechos identificados y determinen si existen responsabilidades penales.

La acción incluye a quienes integraron, como miembros principales y suplentes, la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) entre 2014 y 2023, así como a quienes ocuparon el cargo de administradores generales de esa institución durante ese período y a la sociedad Panama Ports Company, S.A.

El Gobierno de China argumentó este jueves que las inspecciones a buques en sus puertos se realizan por responsabilidad hacia la seguridad de la navegación, de acuerdo a la ley y que no se dirigen "contra ningún país en particular", después de que Panamá volviera a denunciar un aumento de control sobre sus barcos.

El Gobierno de China argumentó este jueves que las inspecciones a buques en sus puertos se realizan por responsabilidad hacia la seguridad de la navegación, de acuerdo a la ley y que no se dirigen "contra ningún país en particular", después de que Panamá volviera a denunciar un aumento de control sobre sus barcos.

Auditoría al contrato de Panama Ports detectó posibles irregularidades

Los hallazgos que sustentan la denuncia están contenidos en el Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento relacionado con el Contrato Ley No. 5 del 16 de enero de 1997, suscrito entre el Estado panameño y Panama Ports Company, junto con sus respectivas adendas.

La auditoría comprendió el período entre el 2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2024.

Durante la revisión se evaluaron, entre otros aspectos, las cifras presentadas en los estados financieros de la empresa y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato original y sus modificaciones.

Según la Contraloría, el informe identificó posibles irregularidades y hechos que podrían constituir delitos contra la Administración Pública, por lo que decidió remitir la documentación correspondiente al Ministerio Público.

Denuncia incluye a exdirectivos y administradores de la AMP

La denuncia penal alcanza a quienes ocuparon cargos en la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá, tanto principales como suplentes, durante el período 2014-2023.

También comprende a quienes ejercieron como administradores generales de la AMP en esos años, además de Panama Ports Company, S.A.

La decisión de Panama Ports Company (PPC), filial del grupo hongkonés CK Hutchison, de acudir al arbitraje tras el fallo del Supremo panameño contra la concesión que se le otorgó de dos puertos del Canal de Panamá ha abierto una nueva fase legal en el proceso, con el pulso de fondo entre China y EE.UU por la vía estratégica.

La decisión de Panama Ports Company (PPC), filial del grupo hongkonés CK Hutchison, de acudir al arbitraje tras el fallo del Supremo panameño contra la concesión que se le otorgó de dos puertos del Canal de Panamá ha abierto una nueva fase legal en el proceso, con el pulso de fondo entre China y EE.UU por la vía estratégica.

La presentación de la denuncia busca que las autoridades competentes examinen los hechos señalados en la auditoría y establezcan si hubo conductas que puedan generar responsabilidades de carácter penal.

Ministerio Público deberá determinar si existen responsabilidades penales

La Contraloría aclaró que corresponderá al Ministerio Público investigar los hechos denunciados, determinar si se cometieron delitos y establecer quiénes serían los posibles responsables.

La institución recordó que los servidores públicos tienen la obligación de comunicar a las autoridades competentes cualquier hecho que, durante el ejercicio de sus funciones, pueda presentar características de delito.

Asimismo, reiteró que continuará ejerciendo su función fiscalizadora y remitiendo a las instancias correspondientes cualquier hallazgo o posible irregularidad que represente una afectación a los recursos y al patrimonio del Estado.