El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, propuso la creación de un “corredor humanitario” para facilitar la devolución de migrantes a sus países de origen, como parte de una política migratoria más restrictiva impulsada por su próxima administración.
Migración irregular en Chile: cifras y diagnóstico
Según el mandatario electo, Chile alberga cerca de dos millones de migrantes, de los cuales al menos 300.000 se encuentran en situación irregular. Kast sostuvo que la migración ha tenido un impacto significativo en el país, al que calificó como una nación con un alto nivel de desarrollo económico que resulta atractiva para personas que huyen de crisis económicas en sus países de origen.
Salida voluntaria y advertencias a migrantes irregulares
Kast aclaró que su Gobierno no pretende realizar expulsiones masivas inmediatas, al reconocer que no existe capacidad logística para deportar a cientos de miles de personas en un corto plazo.
No obstante, hizo un llamado a la salida voluntaria de quienes se encuentran en situación irregular, invitándolos a abandonar el país y postular nuevamente con documentación en regla. Advirtió que quienes no lo hagan podrían enfrentar sanciones y prohibiciones permanentes de reingreso.
Diálogo con países de la región
El presidente electo reveló que en las últimas horas sostuvo conversaciones sobre migración con los mandatarios de Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica y El Salvador, en busca de apoyo regional para su propuesta.
“Escudo Fronterizo”: control y seguridad en la frontera
Durante la campaña, Kast defendió medidas como la construcción de muros y vallas fronterizas, el uso de la fuerza del Estado contra el narcotráfico y la expulsión de migrantes irregulares.
En su plan denominado “Escudo Fronterizo”, inspirado en políticas aplicadas por el presidente estadounidense Donald Trump, propone la instalación de muros de más de cinco metros de altura, zanjas, drones con reconocimiento facial y radares térmicos.
Sanciones a empleadores y restricciones habitacionales
El programa también contempla sanciones a empleadores que contraten migrantes en situación irregular y la prohibición de alquilar viviendas a estas personas, como parte de una estrategia integral para endurecer la política migratoria en Chile.