El Congreso de Honduras aprobó el jueves una norma que declara la energía eléctrica como un bien público, que permitirá a la presidenta izquierdista Xiomara Castro renegociar contratos con generadoras privadas en su plan para abaratar costos.
La nueva Ley Especial de Energía tiene como objetivo reducir las pérdidas del Estado, revisar y renegociar contratos de compra de energía a generadoras, declara en emergencia el sector, y busca reestructurar la Ley General de Industria Eléctrica aprobada de 2014.
Según detalló el vicepresidente del Parlamento, Hugo Noé Pino, "esta ley fue socializada con empresarios y miembros de sociedad civil y representantes locales". Según el legislador, "todos los sectores coincidieron que el subsector eléctrico es un desastre".
"La ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica, estatal) se queda bajo dominio público a favor del pueblo, la corrompieron y endeudaron. ¡Vamos a rescatarla!", escribió en Twitter la presidenta Castro.
La norma, propuesta por el poder Ejecutivo al Congreso, plantea que en caso de un desacuerdo en la renegociación de los contratos, autoriza a "plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado" pagando el "justiprecio" de las plantas.
"Estados Unidos está listo para trabajar en estrecha colaboración con Honduras para realizar las reformas necesarias, para mantener las luces encendidas y promover la seguridad energética para el pueblo de Honduras", dijo.
Según los expertos, los gobiernos anteriores a los de Xiomara Castro negociaron con las generadoras contratos "leoninos" por los altos precios, muy por encima de los precios de los demás países de Centroamérica.
El gobierno de Xiomara Castro prometió una solución definitiva del problema porque la ENEE, que compra la energía de las generadoras privadas para distribuirla en unos dos millones de clientes, arrastra una deuda cercana a los 3.000 millones de dólares con ellos.
Una veintena de generadoras privadas suplen el 60% de la demanda en Honduras.
