El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, fue condenado este viernes a cinco años de prisión por obstrucción a la justicia y otros cargos, en el primero de una serie de juicios derivados de su fallido intento de imponer la ley marcial en diciembre de 2024.
Expresidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, condenado a 5 años de cárcel
El caso tiene su origen en la sorpresiva decisión de Yoon de declarar la ley marcial la noche del 3 de diciembre de 2024, ordenando el despliegue de tropas en la Asamblea Nacional. El entonces presidente justificó la medida alegando una supuesta amenaza de “fuerzas comunistas de Corea del Norte” y de “elementos antiestatales”, además de acusar a la oposición mayoritaria en el Parlamento de paralizar el país.
Horas después, y ante masivas protestas ciudadanas y la presión del Legislativo, Yoon se vio obligado a revertir la medida, lo que precipitó su destitución y la apertura de múltiples procesos judiciales.
Los cargos: exclusión del gobierno y resistencia al arresto
En este juicio específico, el tribunal determinó que Yoon excluyó deliberadamente a miembros de su gabinete de una reunión clave sobre la preparación de la ley marcial y que obstaculizó su arresto, atrincherándose durante semanas en su residencia de Seúl bajo la protección de su guardia personal.
Finalmente, fue detenido en enero durante un operativo que se extendió por varias horas.
No obstante, el tribunal lo absolvió del cargo de falsificación de documentos oficiales por falta de pruebas.
La defensa cuestiona el fallo judicial
Los abogados de Yoon rechazaron la sentencia y advirtieron sobre sus implicaciones políticas.
El exmandatario cuenta con siete días para apelar la condena.
Juicio por insurrección podría llevarlo a la pena de muerte
Yoon Suk Yeol enfrenta siete juicios adicionales, entre ellos uno por insurrección, en el que la fiscalía ha solicitado la pena de muerte, al considerarlo el “cabecilla” de un intento de subvertir el orden constitucional.
Los fiscales argumentan que el exlíder no ha mostrado remordimiento y que sus acciones pusieron en riesgo la democracia surcoreana. Aunque Corea del Sur mantiene una moratoria no oficial sobre las ejecuciones desde 1997, una condena de este tipo tendría un fuerte impacto simbólico y político.
Yoon defiende su actuación como legal
El expresidente insiste en que la declaración de la ley marcial fue un acto legítimo dentro de sus atribuciones constitucionales. Esta semana reiteró que el uso de poderes de emergencia “no puede considerarse un acto de insurrección”.
Además, acusó al entonces partido opositor de imponer una “dictadura inconstitucional” mediante el control del Parlamento y aseguró que su objetivo era “despertar al pueblo soberano”.