Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la japonesa Tomoko Akane, y el magistrado senegalés Abdoulaye Seye, en una nueva escalada de la ofensiva del gobierno de Donald Trump contra el tribunal con sede en La Haya. Washington acusa a la institución de actuar de manera “politizada” y de exceder su mandato.
Las medidas incluyen restricciones de viaje a Estados Unidos y el congelamiento de activos que los sancionados puedan tener bajo jurisdicción estadounidense.
La administración Trump sostiene que la Corte Penal Internacional representa una amenaza para la soberanía de Estados Unidos y de sus aliados.
La CPI condena las sanciones de Estados Unidos
La Corte Penal Internacional rechazó rápidamente la decisión de Washington y advirtió que las sanciones representan una amenaza para el sistema internacional de justicia.
La CPI aseguró además que continuará desempeñando sus funciones pese a las medidas estadounidenses y afirmó que permanece “inquebrantable”.
La institución procesa a personas acusadas de algunos de los crímenes internacionales más graves, entre ellos genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, especialmente cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren garantizar la rendición de cuentas.
Japón y Países Bajos cuestionan las medidas
La decisión estadounidense también generó rechazo entre algunos de sus principales aliados.
El Gobierno de Japón, uno de los principales financiadores de la CPI, calificó las sanciones como “muy desafortunadas”.
Países Bajos, país donde tiene su sede la Corte Penal Internacional, también expresó su desaprobación.
Las reacciones evidencian el creciente choque entre Washington y la CPI por el alcance de la jurisdicción internacional y las investigaciones contra funcionarios de distintos países.