Cientos de guardias indígenas se reunieron en las montañas del suroeste de Colombia para debatir cómo enfrentar una iniciativa del Gobierno que busca regular el funcionamiento de esta organización ancestral de defensa territorial. Sus integrantes advierten que la medida podría ponerlos en riesgo al someterlos a mecanismos de vigilancia y control estatal.
El plan gubernamental contempla crear un sistema de información con datos sobre los integrantes de la guardia y los lugares donde operan. Sin embargo, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) teme que esta herramienta termine convirtiéndose en un mecanismo de persecución.
Guardia indígena advierte sobre vigilancia y estigmatización
Durante un encuentro multitudinario en Caloto, Cauca, los indígenas levantaron sus tradicionales bastones de madera mientras coreaban: «Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra».
Los participantes consideran que la iniciativa oficial amenaza su autonomía y podría exponerlos a mayores riesgos en una región donde persiste el conflicto armado.
En un comunicado, el CRIC advirtió que el sistema de información «podría convertirse en un mecanismo de vigilancia, estigmatización y judicialización», en un país marcado por más de medio siglo de violencia.
El papel de la guardia indígena frente a los grupos armados
Los guardias indígenas se encuentran en la primera línea de defensa de sus comunidades, cuyos territorios son disputados por grupos ilegales interesados en las rentas del narcotráfico y la minería ilegal.
Su labor incluye alertar sobre amenazas, intervenir en emergencias, rescatar personas secuestradas, buscar menores reclutados por organizaciones armadas y proteger los bosques frente a la deforestación.
La organización ha participado en operaciones que tuvieron repercusión nacional. En febrero, la guardia rescató a la líder indígena Aida Quilcué, excandidata a la Vicepresidencia, después de que fuera secuestrada durante varias horas por guerrilleros en el Cauca.
También desempeñó un papel destacado en 2023 durante la búsqueda de cuatro niños que sobrevivieron durante 40 días en la selva amazónica colombiana tras un accidente aéreo.
Según cifras de la autoridad indígena, al menos 120 indígenas han sido asesinados por grupos ilegales durante la última década.
Choque entre el Gobierno y las comunidades indígenas
La disputa también refleja diferencias sobre el modelo de desarrollo para Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella promueve actividades como la minería y el fracking, mientras que comunidades indígenas y afrocolombianas rechazan estas iniciativas por sus posibles consecuencias ambientales.
El mandatario ha calificado la resistencia de estos sectores como «palos en la rueda para el desarrollo de Colombia» y ha advertido que su Gobierno no se dejará intimidar por las movilizaciones.
Desde el CRIC, Edwin Capaz Lectamo considera que existe una confrontación entre dos visiones de país: una que prioriza el territorio, la vida, la espiritualidad y la cosmovisión de los pueblos originarios, y otra que concibe esas tierras como una oportunidad de negocio.
La tensión se intensificó el 14 de octubre, cuando alrededor de 6.000 indígenas de distintas regiones participaron en la primera marcha nacional contra el Gobierno y rechazaron el proyecto de regulación.
Comunidades indígenas mantienen disposición al diálogo
Pese a sus diferencias con el Ejecutivo, los representantes indígenas aseguran que están dispuestos a dialogar y defender sus derechos territoriales y su autonomía.
Los pueblos indígenas representan más del 4 % de la población colombiana. En el departamento del Cauca viven aproximadamente 350.000 indígenas, principalmente del pueblo nasa, seguido por las comunidades yanacona, misak y kokonuko, de acuerdo con datos del CRIC publicados en 2018.
Mientras el Gobierno impulsa su iniciativa para regular el funcionamiento de la guardia indígena, las comunidades advierten que cualquier medida debe considerar el contexto de violencia y los riesgos que enfrentan quienes defienden sus territorios.
