Amnistía Internacional pidió al presidente del El Salvador, Nayib Bukele y al gobierno de Haití publicar el acuerdo que permitió el despliegue de aproximadamente 2.000 militares salvadoreños en territorio haitiano y garantizar que sus operaciones contra las pandillas respeten los derechos humanos.
El despliegue se produjo después del ataque de pandilleros contra un vehículo blindado en Puerto Príncipe, el pasado 18 de octubre, durante el cual desaparecieron cuatro militares salvadoreños que regresaban a su base.
Bukele envió 2.000 militares a Haití tras desaparición de cuatro soldados
Los cuatro militares desaparecidos pertenecen a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), una misión internacional respaldada por Naciones Unidas.
Antes del atentado, El Salvador tenía asignados aproximadamente 200 efectivos a esta fuerza multinacional. Sin embargo, tras la desaparición de los soldados, Bukele ordenó el envío de unos 2.000 militares adicionales como parte de un operativo de búsqueda.
Inicialmente, el mandatario aseguró que el objetivo era rescatar a los cuatro soldados y llevarlos de regreso a su país. No obstante, en posteriores mensajes dejó entrever una intención más amplia de combatir a las pandillas haitianas, siguiendo el modelo de seguridad aplicado en El Salvador.
Esta situación ha generado cuestionamientos de analistas y críticos del Gobierno salvadoreño, quienes advierten sobre la falta de información pública respecto al verdadero alcance de la operación.
Amnistía Internacional exige transparencia y garantías de derechos humanos
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que ambos gobiernos deben garantizar que las operaciones militares respeten las normas internacionales.
La organización también solicitó que las autoridades expliquen cómo supervisan a los militares desplegados, cuáles son las reglas que regulan el uso de la fuerza y ante qué instancias deben rendir cuentas.
Además, reclamó mecanismos seguros para que los habitantes de Haití puedan denunciar posibles abusos de las fuerzas de seguridad "sin temor a represalias".
Amnistía advirtió que las operaciones militares podrían incrementar los riesgos para las comunidades haitianas, que ya enfrentan una profunda crisis humanitaria y la violencia de las pandillas.
ONU aclara que la mayoría de los militares salvadoreños está fuera de su supervisión
La preocupación de Amnistía Internacional también se relaciona con las aclaraciones realizadas por Naciones Unidas sobre el estatus de las tropas salvadoreñas en Haití.
El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, explicó que la gran mayoría de los militares enviados por El Salvador no forma parte de la fuerza multinacional.
Por esta razón, esos efectivos se encuentran fuera del mandato de Naciones Unidas y de sus mecanismos de seguimiento y supervisión.
Esta distinción ha intensificado las preguntas sobre quién controla las operaciones, qué protocolos deben cumplir los militares y qué mecanismos existen para investigar posibles violaciones de derechos humanos.
