El presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, Carlos Berguido, emitió fuertes advertencias sobre las consecuencias de implementar impuestos o restricciones a las transacciones bancarias y los fondos internacionales, en referencia a propuesta de la bancada de Realizando Metas(RM) a reformas de la Caja de Seguro Social(CSS). Berguido explicó cómo estas medidas podrían encarecer el costo del crédito, afectar la competitividad del sistema financiero panameño y desalentar la inversión extranjera.
Realidad del sistema financiero en Panamá
El sistema financiero de Panamá presenta características únicas que lo diferencian de otros centros bancarios internacionales. A diferencia de otros países, Panamá no cuenta con un banco central que pueda respaldar a las entidades bancarias en momentos de dificultad, ni con la capacidad de emitir moneda propia. Estas particularidades hacen que cualquier comparación con otros sistemas financieros sea, según Berguido, “absolutamente insensata”.
Apoyo a la banca en pandemia
Berguido también desmintió las afirmaciones de que la banca panameña recibió beneficios significativos durante la pandemia. Según el líder gremial, la obligación de suspender el cobro de préstamos por más de dos años representó un costo financiero importante para el sector sin recibir subsidios estatales.
Consecuencias para las tarjetas de crédito y el consumo
En cuanto a las tarjetas de crédito, Berguido destacó que estas se han convertido en una herramienta crucial para las familias panameñas y los pequeños negocios. Actualmente, existen más de 750 mil tarjetas activas en el país, siendo uno de los productos financieros más utilizados para cubrir necesidades de corto plazo. Sin embargo, cualquier incremento en los costos operativos de este producto podría afectar su accesibilidad.
Un llamado a proteger el sistema financiero
Berguido concluyó que imponer restricciones o gravámenes adicionales podría llevar a los inversionistas extranjeros a reconsiderar su confianza en Panamá como centro financiero. Esto no solo podría ahuyentar fondos esenciales para el desarrollo del país, sino también afectar a los depositantes nacionales.