El reclamo de los estudiantes de la Universidad de los Pueblos Indígenas (UAPI) se da una semana después de la participación del rector Demetrio Santamaría, quien no supo justificar más de 3 millones de dólares en una casa de estudios conformada por una población de 85 estudiantes.
Actualmente los estudiantes se sienten en el limbo porque no pueden matricularse, una medida que es recibida como un pase de factura por denunciar las irregularidades.
"Hemos hecho los procedimientos como establece la ley, la forma de admisión, el propedéutico, la inscripción de la materia en la Secretaría General. Lo único que no hemos hecho es, no tenemos acceso al pago de matrícula", sentenció.
Por su parte, el abogado Feliciano Jiménez, cuestionó la actitud de las autoridades universitarias y señaló violaciones a los derechos humanos.
"Quiero dejar claro, sentado por este medio, que el señor rector y su equipo está vulnerando, está violentando uno de los derechos fundamentales de todo ser humano que es el derecho a la educación. Eso está establecido en los convenios internacionales, a nadie se le puede negar el ingreso a un establecimiento y recibir su formación, o sea, educarse académicamente", enfatizó.
Presupuesto sin sustento
En la legislatura pasada los diputados recibieron las denuncias y solicitaron la comparecencia del rector de la Universidad de los Pueblos Indígenas, pero se ausentó en la Comisión de Educación y en la Comisión de Asuntos Indígenas.
Además de los clanes familiares, los estudiantes denunciaron la falta de infraestructura y la ausencia de un vicerrector académico que atiende vía virtual desde la Ciudad Panamá.