La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) hizo un llamado al Contralor General de la República a revisar algunas disposiciones del Reglamento de Medidas Precautorias y a eliminar la figura del secuestro, al considerar que esta excede las competencias legales de la institución y vulnera principios fundamentales del Estado de Derecho y del debido proceso.
La dirigente empresarial subrayó que, si bien la Contraloría tiene la responsabilidad de proteger los recursos del Estado, no puede asumir facultades coactivas que impliquen afectaciones patrimoniales sin control judicial previo.
Asimismo, advirtió que el Tribunal de Cuentas, órgano ejecutor de la Contraloría, no tiene competencia para decretar secuestros, sino únicamente para aplicar medidas cautelares.
“Confundir cautela con secuestro genera un vacío legal y una superposición de funciones que erosiona la separación de poderes”, advirtió.
“La eficiencia institucional no puede lograrse a costa de los derechos ciudadanos”, dijo.
De Sanctis sostuvo que el país necesita una Contraloría fuerte, eficaz y transparente, pero no una que concentre funciones propias del Órgano Judicial.
“La eficiencia institucional no puede lograrse a costa de los derechos ciudadanos”, enfatizó.
La presidenta de APEDE reiteró la disposición del gremio empresarial a participar en espacios de diálogo jurídico y técnico para fortalecer los mecanismos de control estatal sin debilitar las garantías constitucionales.
“La seguridad jurídica y el respeto al debido proceso son tan esenciales para el desarrollo nacional como la eficacia administrativa”, subrayó.
Finalmente, advirtió que las señales de inseguridad jurídica pueden tener consecuencias sobre el clima de inversión del país.
“Panamá no puede dar señales de inseguridad jurídica. Cuando un inversionista percibe arbitrariedad o concentración de poder, se debilita la confianza en el país como destino para invertir y generar empleo”, concluyó De Sanctis.