Organizaciones de la sociedad civil consideran que la nueva ley de la Contraloría General de la República sancionada por el presidente Laurentino Cortizo debilita la institucionalidad democrático del país. La institución encargada de la fiscalización, uso y control de los bienes y recursos del Estado ha desatado una polémica porque ahora se le permitirá al contralor decidir qué investigaciones hacer o no de forma discrecional.
"Una norma que nos preocupa muchísimo es el primer artículo que dice que la contraloría no va recibir ningún tiempo de instrucción de nadie, sin embargo, hay peticiones de auditoría que solicita el ministerio público o la jurisdicción de cuentas, sino se sigue instrucciones de nadie no la va hacer", dijo Giulia de Sanctis, Coalición contra la Corrupción. "Una norma que nos preocupa muchísimo es el primer artículo que dice que la contraloría no va recibir ningún tiempo de instrucción de nadie, sin embargo, hay peticiones de auditoría que solicita el ministerio público o la jurisdicción de cuentas, sino se sigue instrucciones de nadie no la va hacer", dijo Giulia de Sanctis, Coalición contra la Corrupción.
Hasta el momento 10 organizaciones civiles no avalan la ley 351, porque la ven con una concentración del poder muy peligrosa. Advierten que será demandada ante la Corte Suprema de Justicia.
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Sociedad Civil rechaza nueva ley de la Contraloría.
Reformas a Ley de la Contraloría no envían buen mensaje
El Contralor, Gerardo Solís goza de la facultad para aprobar o cerrar a su criterio corresponda los informes de auditorías e investigaciones.
"Yo creo que la contraloría debe cambiar, no debe ser designada por la asamblea, no debe tener vinculación con el órgano ejecutivo, mucho menos con el judicial, tiene que ser un órgano independiente", comentó Juan Mckay, miembro de la sociedad civil. "Yo creo que la contraloría debe cambiar, no debe ser designada por la asamblea, no debe tener vinculación con el órgano ejecutivo, mucho menos con el judicial, tiene que ser un órgano independiente", comentó Juan Mckay, miembro de la sociedad civil.
Tras los cuestionamientos el Contralor, Gerardo Solís invitó a las organizaciones para abordar las pretensiones.