El velo de 10 años que colocó el Gobierno Nacional y que declaró como acceso restringido las actas, los archivos, las constancias de las discusiones, las actividades del presidente y vicepresidente en el Consejo de Gabinete, entrará a un debate jurídico en la Corte Suprema de Justicia. A juicio del procurador de la administración, Rigoberto González, la resolución viola la Constitución Política de Panamá y la actuación del Ministerio de la Presidencia choca con la Ley de Transparencia.
Araúz mencionó que al presentar esta demanda, el procurador hace un criterio que fortalece el acceso a la información. Opinó que la resolución que estableció esta prohibición de acceso estaría desatendiendo al procedimiento que establece la ley de transparencia y desarrolla el concepto de reserva legal que la constitución contempla, que ciertos temas, sólo pueden ser desarrollados en atención a lo que dice la ley, refiriéndose a la jerarquía de una norma y la otra.
Sin embargo, hizo referencia a que el debate ahora, es que la demanda pasará a etapa de alegatos, donde la ciudadanía va a poder argumentar, distintos puntos en favor o en contra, de la posición que se ha presentado tanto por el demandante, como por el procurador de la administración, y luego el pleno de la Corte Suprema de Justicia, va a tener su votación en la cual la sentencia será proferida.
Paralelo a la inconstitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia también deberá resolver la nulidad presentada en agosto de 2021 por el abogado Ernesto Cedeño.
El blindaje de las actas del Gabinete ha recibido cuestionamientos por ser sinónimo de opacidad. Juristas advierten que, de mantenerse la resolución vigente y ventilarse delitos después de 10 años, además de la violación a la ley de transparencia, los mismos podrían caer en la prescripción.