Panamá, 30 de diciembre 2020.
El colegio Francisco Beckmann, que fue epicentro de protestas tras muerte del director Norato González, primera víctima fatal por el coronavirus en Panamá.
Debido a la llegada del virus el presidente Laurentino Cortizo declaró el estado de emergencia, en un escenario de apenas 27 casos positivos.
El gobierno tomó una decisión sin precedentes el 24 de marzo; decretó una cuarentena indefinida y un toque de queda de 5 de la mañana a 5 de la tarde en medio de 443 casos positivos y 8 muertes.
En el mes de abril, el Ministerio de Educación suspendió las clases en el territorio nacional y el Ministerio de Salud estableció la salida por sexo: lunes, miércoles y viernes para mujeres; martes, jueves y sábados, para hombres. El país contabilizó más de 30 muertos y más de mil 180 contagios. En ese mismo mes se entregó el Hospital Modular para pacientes covid-19 y se reforzaron las pruebas y la trazabilidad.
El mes de mayo inició con más de 6 mil 700 casos de covid-19, 85 hospitalizados en cuidados intensivos y 18 mil detenidos por violar las restricciones sanitarias. El RT fue subiendo y la situación se puso peor con la formación de varios cluster y una cifra que superó las 300 muertes.
Y cuando pensábamos que estábamos mal, sucedió lo inesperado. La ministra de salud, Rosario Turner fue despedida en junio, mismo mes donde el país superó más de mil casos diarios y más de 49 mil infectados, con una cifra que llevó al límite el sistema sanitario.
La ocupación hospitalaria sobrepasó el 90% con más de mil 200 hospitalizados, de esos, más de mil en salas y más de 160 en uci.
Entre tanto, julio fue el mes con más fallecidos por las más de 660 muertes acumulados en solo 30 días, sobrepasando los mil 200 decesos en 4 meses.
En ese mismo mes, el Ministerio de Educación reinició las clases, pero a través de la modalidad a distancia, tras varios meses de paralización. El gobierno puso en marcha la plataforma Ester y el programa Conéctate con la Estrella, en alianza con los medios de comunicación.
La legislatura inició el 2 de enero con Marcos Castillero como presidente, quién no cumplió su promesa de reformas al reglamento interno, debido a que los artículos presentados en el debate eliminaban privilegios. La iniciativa fue dilatada por la junta directiva y la comisión de credenciales.
En medio de la segunda legislatura del primer periodo ordinario, el coronavirus azotó al país. Los diputados presentaron más de 50 proyectos de ley relacionados a la pandemia, entre esos, la regulación del teletrabajo y la moratoria en servicios públicos y compromisos bancarios.
El primero de julio, Marcos Castillero logró su reelección en el parlamento con votos de oficialistas, opositores e independientes. Con este nuevo respiro político, aumentó la planilla de la asamblea nacional en 132%, revivió la planilla 172, conocida como "cashback", con un gasto por 8 millones, en mil 750 contratos sin funciones específicas.
Los diputados también aprobaron la elección de Eduardo Leblanc, como nuevo defensor del pueblo.
Los gastos continuaron con 26.8 millones en la planilla 002, 47.8 millones en personal fijo y los contratos en las comisiones por 16.5 millones. La falta de austeridad fue evidente, tanto así que sepultaron el proyecto de reducción salarial.
El legislativo gastó 80 mil dólares en asesorías de imagen y un contrato por 299 mil dólares para hacerle frente a las críticas provocadas por su falta transparencia.
La Asamblea aprovechó el estado de emergencia para compras directas por 5.4 millones en servicios de alquileres, consultorías y cuñas radiales y aumentó su presupuesto a 128 millones para el año 2021.
Los diputados aprobaron el presupuesto general del estado 2021 por más de 24 mil millones de dólares. Seguido el ejecutivo avaló un crédito extraordinario por 22.8 millones para pagar la planilla 002.
Todo estos escándalos provocaron protestas en la Asamblea. Y como cereza en el pastel, el presidente Laurentino Cortizo sancionó dos proyectos impulsados por el diputado Benicio Robinson: la creación de 10 nuevos corregimientos en bocas del toro y la comarca Naso Tjer Di.
El Ministerio de Salud en conferencia de prensa informó el sábado 1 de agosto 1,127 casos nuevos de covid-19, más de 66 mil acumulados y 28 muertes. Esto dio inicio a una meseta y dos olas de casos.
La curva de casos de los primeros 12 días de agosto acumuló 12,221 contagios y 282 fallecidos. Un aspecto importante fue la recuperación de más de 12 mil pacientes.
En ese mismo mes el gobierno reestructuró el Centro de Convenciones Figali con camas covid-19, sin embargo, una gotera retraso por tres semanas el traslado de pacientes. Paralelo, la Caja de Seguro Social sostenía conversaciones con directivos de FCC para habilitar la Ciudad Hospitalaria con 254 camas, entre cuidados intensivos, sala y unidad de cuidados respiratorios ante la alta demanda de contagios.
En septiembre la cifra de casos cerró por arriba de 110 mil contagios, más de 2,300 muertes, una letalidad de 2.1%, más de 800 hospitalizados, entre 699 en sala y 108 en cuidados intensivos.
Octubre abrió paso a la tendencia diaria de 776 personas recuperadas, con 35% en reducción de defunciones, que totalizó de marzo a octubre más de medio millón de pruebas covid-19.
En noviembre las cifras regresaron a los mil casos por día, y para diciembre, Panamá alcanzó récord de más de 16 mil pruebas en 24 horas, con más de 2,800 contagios.
Además, los centros de pruebas covid-19 en los auto rápidos estuvieron abarrotados de lunes a viernes en la ciudad capital.
El año 2020 fue muy difícil porque se puso a prueba el sistema de salud que registró colapsos en camas en hospitales públicos y privados, con más de 3 mil muertes y más de 200 mil casos acumulados.
FUENTE: Redacción Eco
