El administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega, aseguró que los intentos de ciberataques contra las instituciones del Estado han aumentado de forma significativa debido al uso de herramientas cada vez más avanzadas por parte de organizaciones criminales.
Gobierno fortalece la ciberseguridad
Fábrega indicó que en los últimos seis meses el Gobierno puso en marcha el Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC Nacional), una plataforma que permite monitorear en tiempo real la infraestructura tecnológica del Estado, detectar vulnerabilidades y emitir alertas para atenderlas de manera preventiva.
Explicó que antes de la actual administración no existía una herramienta de monitoreo proactivo que permitiera conocer las debilidades de las redes gubernamentales.
No toda filtración compromete información sensible
El administrador de la AIG aclaró que la difusión de documentos o información en redes sociales no significa necesariamente que haya sido comprometida la información crítica de una institución.
Como ejemplo mencionó el caso de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), donde, según dijo, la información financiera sensible no fue vulnerada, sino credenciales de usuarios externos que utilizan la plataforma para remitir reportes.
El Gobierno no negociará con ciberdelincuentes
Fábrega enfatizó que el Estado no pagará rescates económicos a organizaciones criminales que exijan dinero tras secuestrar información mediante ataques informáticos.
Indicó que las exigencias económicas de los atacantes han oscilado entre 500 y más de 150 mil dólares, pero reiteró que la política del Gobierno es no negociar con este tipo de delitos.
Llamado a reforzar la protección digital
El funcionario exhortó a la ciudadanía a adoptar medidas básicas de seguridad, como activar la verificación en dos pasos y el PIN de WhatsApp, ante el incremento de los ataques informáticos.
Asimismo, señaló que Panamá ha mejorado su posición en materia de ciberseguridad y estima que actualmente el país se ubica entre los puestos 40 y 45 a nivel mundial, cuando hace menos de un año estaba por encima del puesto 80.
No obstante, sostuvo que el principal reto sigue siendo fortalecer las buenas prácticas de seguridad dentro de las instituciones públicas para reducir las vulnerabilidades.
