El Legislativo informó este miércoles 13 de abril, que llevó a cabo un trabajo sistemático para finalmente terminar con la aprobación de tres normas dirigidas a reforzar la política de transparencia del sistema financiero.
Sanciones contra los que delinquen
Con la Ley 10 de 2015, que modifica el Código Penal, se establecen las penas para aquellas personas que se prestan para las malas prácticas.
Así aprobado, se sancionan con cinco a doce años de prisión los que participen de actividades relacionadas con diversos delitos como el sicariato, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado, falsificación de documentos, omisión o falsedad de la declaración aduanera del viajero respecto a dineros, valores o documentos negociables con el objeto de ocultar, encubrir o disimular su origen ilícito.
Con esta misma pena y por este mismo hecho, se sancionarán los delitos contra la humanidad, tráfico ilícito de migrantes, tráfico de órganos, delitos contra la personalidad jurídica del Estado, delitos contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos, estafa calificada y delitos financieros.
Se incluyen los delitos de falsificación de monedas y otros valores, delitos contra el patrimonio histórico de la nación, delitos contra la seguridad colectiva, piratería, delincuencia organizada, asociación ilícita, pandillerismo, posesión y tráfico de armas y explosivos y apropiación y sustracción violenta de material ilícito.
De igual manera, se fija una sanción de prisión de cinco a diez años a quien reciba, posea, use, transfiera, altere, evacue o transporte material nuclear, radiactivo o bacteriológico sin autorización legal a través del territorio nacional.
Ley antiblanqueo
Concatenada a esta normativa, se aprobó la Ley 23 de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, así como el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Ese nuevo documento reforzaba los sistemas de control y supervisión ya establecidos para la banca, la actividad bursátil y los servicios financieros en general.
Además, de mejorar los reportes de transacciones sospechosas al incluir como “sujeto obligados” a los sectores no financieros, como empresas de transporte de valores, juegos de azar, zonas francas, empresas dedicadas a la compra de automóviles nuevos y usados, empresas de bienes raíces y la Lotería Nacional de Beneficencia, entre otras.
Con esta iniciativa, se abre una era de transparencia y cooperación internacional en pro de adecuar al Estado panameño a los estándares internacionales contra el crimen organizado.
Reformas al régimen de custodia
Dando más muestras de ese rumbo contra las organizaciones ilícitas, fue aprobado la Ley 18 de 2015, que respalda la adopción de un régimen de custodia aplicable a las acciones al portador que establece que las sociedades con acciones emitidas al portador tendrán que entregar los certificados a un custodio autorizado.
Las normas relativas a las sociedades anónimas de Panamá estaban contenidas fundamentalmente en la Ley 32 de 26 de febrero de 1927.
No obstante, el parlamento se hizo eco que había que aprobar una ley moderna con relación al tema debido a que existía la aprensión de que los certificados de acciones al portador dificultan la identificación de los accionistas a un punto en que las mismas pueden ser utilizadas como instrumentos para proteger la identidad de personas que utilizan las sociedades para actividades indebidas.
La República de Panamá adoptó, entonces, un régimen de custodia de los certificados de acciones emitidos al portador, a fin de evitar los actos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento de actividades terroristas, la evasión del pago de impuestos o cualquiera actividad ilícita de acuerdo con las leyes nacionales e internacionales.
Revisión de Leyes Anticorrupción
Sin dar tregua al crimen organizado, el Gobierno panameño, como un mecanismo de blindar más el sistema económico panameño, llevará a cabo un proceso de revisión de las actuales leyes financieras.
El resultado de esta medida se da luego de una reunión con abogados, banqueros y funcionarios relacionados al tema de la banca y de valores.