El brote de COVID-19 ha afectado la movilidad global de varias formas tales como interrupciones, restricciones y bloqueos de viaje. Lo que también afecto a Panamá, dado que el aeropuerto internacional de Tocumen suspendió las llegadas y salidas de vuelos internacionales por casi siete (7) meses en el periodo comprendido entre el 22 de marzo hasta el 12 de octubre del 2020.
Para este año se reportaron más de 8 millones de pasajeros.
En los controles migratorios en Panamá este año en medio de la pandema por la Covid fueron inadmitidos un total de 6,270 ciudadanos, en su gran mayoría por tener “inconsistencia en la entrevista”, es decir, que no pudieron comprobar y acreditar el verdadero motivo de viaje al país, de estos 3,271 en su gran mayoría son de nacionalidad colombiana, ecuatoriana y nicaragüense.
A 1,995 ciudadanos de otras nacionalidades se les aplicó el artículo 50 de la ley migratoria, debido a que mantenían historial delictivo en sus respectivos países, como trafico de drogas, homicidio, violación robo…etc. O mantenían órdenes de arresto las que se hicieron efectivas.
Con la reapertura de las operaciones en el AIT también se reactivaron las redes de tráfico de personas vía aérea, quienes se aprovecharon de la crisis mundial, capitalizando la pérdida de ingresos de las personas, lo cual generó los deseos de migrar. Las redes criminales comenzaron a organizar rutas y a proveer documentación fraudulenta (pasaportes, visas, carnet de residencia).
Ante esta situación se incrementaron medidas de verificación y análisis de los flujos por rutas y nacionalidades, además del incremento inusitado en el volumen de inadmitidos en tránsito que se recibió, el cual a la fecha es de 18,269, principalmente provenientes de México, Brasil, Ecuador ,Colombia, Dominicana y Venezuela.
