El gremio de abogados en Panamá, reiteró la no viabilidad del proyecto de ley que impulsa la implementación de factura electrónica. Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, alega que la Ley 256 del 26 de noviembre pasado es un grave atentado contra el ejercicio de la libre profesión y que viola el artículo 40 de la Constitución Política.
A juicio de los abogados esta nueva normativa de factura electrónica en Panamá no tiene sustento en la constitución. " La ley en Panamá de factura electrónica solo puede ejercer en determinada áreas del funcionamiento de estas actividades : idoneidad, moralidad, previsión y seguridad colectiva, salud pública, sindicación y cotización pública".
El artículo 40 no indica ni le da facultad al Estado de Panamá reglamentar el ejercicio de las profesiones liberales, imponiendo esta obligación de factura electrónica, precisó el abogado.
Manifestó que esta discusión ya fue realizada y se encuentra en la gacetilla17,403, del 3 de agosto de 1973.
Araúz, titular de los abogados indicó que con el cambio se tendría la posibilidad de penalizar y estar bajo un régimen de sanciones, en lo que estaría el cierre de comercio.
Los letrados tildan la norma de inconstitucional, inconsulta, selectiva, inconveniente y a espaldas de las profesiones.
Retó a la comisión de Economía y Finanzas para conocer quién fue citado de los sectores profesionales y determinar si hubo participación . Aseguró que la respuesta fue que ningún profesional fue invitado y esa situación inconsulta de la ley agrava la situación del debate constitucional.
Consideran que la factura electrónica invade la confidencialidad con su cliente al tener que reportar en tiempo real las horas contratadas a través de un programa de la DGI.
"Mientras el Estado no dé garantías de fortaleza en protección de datos nosotros tenemos que agregar ese elemento como de, desconfianza".
