Jaime Barroso, Fiscal de Cuentas, aseguró que la Contraloría General de la República no ha recibido nuevos poderes, sino que aplica facultades que ya existían desde 1984 con la Ley 32 y la Constitución Nacional.
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Barroso explicó que las funciones de la Contraloría son examinar, intervenir y fenecer cuentas están diseñadas para proteger el erario público. Estas medidas permiten, por ejemplo, el secuestro inmediato de bienes de funcionarios investigados, mientras se inicia un proceso ante el Tribunal de Cuentas, asegurando que los bienes no se transfieran o dilapiden antes de la investigación.
“Una auditoría puede durar años, y durante ese tiempo quienes lesionan el erario tienen demasiado tiempo para trasladar sus bienes. Por eso existen estas medidas precautorias”, señaló Barroso. “Una auditoría puede durar años, y durante ese tiempo quienes lesionan el erario tienen demasiado tiempo para trasladar sus bienes. Por eso existen estas medidas precautorias”, señaló Barroso.
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Auditorías de la contraloría
El Fiscal de Cuentas destacó además que, entre el 2 de agosto del año pasado y el 31 de diciembre, la Fiscalía recibió 31 auditorías por 600 mil dólares, mientras que en los 10 meses de la nueva administración se han ingresado 134 auditorías por casi 53 millones de balboas, evidenciando un incremento en la acción de control y protección del erario.
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Barroso subrayó que las resoluciones de la Contraloría no crean superpoderes, sino que reviven y aplican facultades legales existentes, como la suspensión de pagos y otras medidas precautorias previstas en el artículo 29 de la Ley 32 de 1984.
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Finalmente, el Fiscal enfatizó que cualquier proceso derivado de estas medidas es revisado por el Tribunal de Cuentas, garantizando así el control jurisdiccional y el derecho de los implicados a ejercer sus defensas legales.
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